Este miércoles 2 de diciembre, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, emitió un informe en el que cuestiona a la Corte Penal Internacional (CPI) por no actuar contra Venezuela. Acusa a la Corte de no haber tomado medidas ante una supuesta violación de derechos humanos. Entonces, el Gobierno de este país consideró que ese documento es «carente de toda base jurídica» y hecho «sobre la base de difamaciones sin sustento»; es una «evidente operación de propaganda contra las instituciones venezolanas y sus autoridades».
Al mismo tiempo, «confirma el doble rasero selectivo con fines meramente intervencionistas del desgastado secretario general de la OEA. Son acciones que violan la carta constitutiva de la OEA, su normativa interna y los principios más elementales del derecho internacional». Así se lee en un comunicado emitido este jueves por la Cancillería venezolana.
El Gobierno denuncia que Almagro se sitúa al frente de una ofensiva contra Venezuela, pretendiendo generar caos como hizo en Bolivia en octubre de 2019.
Se trata, reza el referido comunicado gubernamental, de un informe «sin ningún tipo de constatación sobre el terreno y a partir de fuentes secundarias que no configuran evidencias de los hechos enunciados». «Se pretende interferir de manera tendenciosa, extorsiva e inaceptable, en el funcionamiento independiente de la CPI, al desconocer su personalidad jurídica, sus funciones y atribuciones», agrega.
#COMUNICADO | Venezuela rechaza el informe presentado por Almagro, en el que pretende erigirse como tribunal internacional cuestionando el trabajo de la CPI. Recordamos que la OEA no posee estas competencias y que Venezuela no es Estado miembro de esta anquilosada organización. pic.twitter.com/pq7QjIrpxs
— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) December 3, 2020
Finalmente, el Ejecutivo nacional recuerda que la OEA y su secretaría no tienen competencias jurisdiccionales para erigirse como tribunal internacional de derechos humanos. «Tampoco para recabar informaciones que induzcan a determinar responsabilidades penales internacionales en ninguno de sus Estados miembros. Mucho menos en Venezuela que no es miembro de la OEA».
