Los Estados Miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América–Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) emitieron un comunicado en el cual denuncian la incautación de la aeronave venezolana Dassault Falcon 900EX por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
A continuación el comunicado íntegro:
Los Estados Miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) denuncian la incautación de la aeronave venezolana Dassault Falcon 900EX por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que era utilizada por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y que fue ilegalmente trasladada a Miami, Florida, este lunes, 2 de septiembre de 2024.
Esta incautación se suma a la larga lista de agresiones por parte de las administraciones estadounidenses contra el pueblo y gobierno venezolanos, con el objetivo de ejercer presión para torcer la voluntad democrática del pueblo venezolano y crear las condiciones para forzar un cambio de gobierno.
Los países miembros del ALBA-TCP condenan enérgicamente cualquier imposición que pretenda despojar a los países hermanos de América Latina y el Caribe de sus activos y repudia, una vez más, este acto de piratería en perjuicio del Estado venezolano, en total contravención del Derecho Internacional, como ya ocurrió en el pasado con la aeronave propiedad de la Empresa de Transporte Aerocargo del Sur (Emtrasur), filial de la aerolínea venezolana Conviasa.
EI ALBA-TCP lamenta que el secuestro de la aeronave presidencial por parte de los Estados Unidos se haya registrado en la hermana República Dominicana, transgrediendo la soberanía de ese país y el principio de no injerencia.
La Alianza Bolivariana se suma nuevamente a la exigencia del pueblo y del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a que se respete la decisión de la mayoría de los venezolanos y venezolanas expresada en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio y respalda las acciones legales, diplomáticas y políticas que emprenda para defender su soberanía y libre determinación.
Caracas, 3 de septiembre de 2024
