La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó una actualización del informe que emitió por primera vez hace un año sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.
El informe se hace en cumplimiento con la resolución 42/4, incluye también detalles sobre la cooperación técnica entre el gobierno venezolano y su oficina, según lo establecido en los acuerdos de entendimiento suscritos.
Bachelet indicó que valora positivamente el incremento en los niveles de acceso y cooperación entre la oficina que representa y el gobierno bolivariano; desde la firma de la carta de entendimiento en septiembre de 2019.
Asimismo, resaltó como un aspecto positivo el establecimiento y el intercambio con los comités de colaboración interinstitucional para dar cumplimiento a la asistencia técnica e intercambiar información sobre casos individuales de personas privadas de libertad.
En ese sentido, la Alta Comisionada de Naciones Unidas, aplaudió el acuerdo alcanzado entre el gobierno y la oposición para aunar esfuerzos con la Organización Panamericana de la Salud para hacer frente a la pandemia.
No obstante, Bachelet indicó que los ciudadanos venezolanos «siguen padeciendo graves violaciones a sus derechos económicos y sociales; debido a sus bajos salarios, los altos precios de los alimentos, las persistentes carencias de los servicios públicos tales como la electricidad, el agua, escasez de combustible y el precario acceso a los servicios de salud».
Sobre la salud, coincide con la posición del gobierno venezolano al reconocer que la crisis se ha exacerbado por el incremento de las sanciones y por la pandemia del covid-19.
Entre reproches y reconocimientos
Bachelet indicó que su oficina, «siguió documentando restricciones al espacio cívico y democrático con violaciones a la libertad de expresión y el derecho a la información y la detención de lideres; políticos, periodistas, sindicalistas, personales de salud y personas que protestaban por los servicios públicos»
No obstante reconoció la disminución en la tasa de homicidios en 2019, y las labores efectuadas desde el Ministerio Público venezolano; resaltando la disminución de los niveles de violencia en los centros de detención administrados por el ministerio para el servicio penitenciario.
La diplomática lamentó la falta de consenso político entre los factores de poder en Venezuela y la oposición.
En consecuencia, reiteró el llamado «en favor de una negociación política inclusiva, basada en derechos humanos y en la restitución de los derechos políticos; mi oficina sigue dispuesta a contribuir en estos esfuerzos» agregó.
