El contrato que firmó Juan Guaidó con Silvercorp contemplaba asesinar al presidente de la República, Nicolás Maduro, y su tren Ejecutivo, así como a Diosdado Cabello y a funcionarios del alto mando militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). La primera fase del contrato tendría un costo de 50 millones de dólares, reveló este viernes el vicepresidente sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura, Jorge Rodríguez, al leer en transmisión de VTV parte de los anexos del contrato de 41 páginas, que fue publicado originalmente por The Washington Post en su página web.
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El contrato establece que las labores de la empresa SilverCorp USA son de asistir al grupo de aliados en la planificación y ejecución de una operación de captura, detención y remoción del Presidente Nicolás Maduro; de la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez; de Diosdado Cabello, y de los demás funcionarios del Gobierno de alto nivel, derrocamiento del régimen actual e instalación de Juan Guaidó como Presidente.
El costo de cumplir esta misión sería de 212 millones 900 mil dólares. Esa parte del plan duraría 495 días, porque ellos continuarían como «fuerza de seguridad del gobierno» mientras «estabilizan la situación».
Guaidó cancelaría al contratista un anticipo no reembolsable de 1.500.000 de dólares. «Se acuerda pagar mensualmente al contratista después de la culminación del proyecto un mínimo de $10.860.000,00, un promedio de $14.820.000,00 y un máximo de $16.456.000,00», leyó Jorge Rodríguez.
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«Si Nicolás Maduro renuncia, es removido por otro grupo o entregue el poder a otro individuo antes de que la operación se lleve a cabo, el contratista continuará sus servicios por el tiempo acordado», dice el texto.
También señalan que un grupo de inversionistas darán un préstamo para financiar el proyecto, y que Guaidó se compromete a pagarles con 55% de interés. De ser exitoso el plan, Goudreau recibirá un bono de 10 millones de dólares.
Si el plan es exitoso, los inversionistas privados recibirán preferencia por parte de Guaidó en los negocios que se establezcan tras su entrada en el poder en el supuesto negado de que el plan sea exitoso.
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Serán declaradas «fuerzas hostiles» las fuerzas militares del anterior régimen, lo que incluiría a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, fuerzas navales, terrestres convencionales y no convencionales.
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Serán declarados hostiles Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, sus tenientes y aliados, y serán eliminados, explica Jorge Rodríguez.
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Goudreau tendrá autoridad para aprobar cualquier ataque y reactivar el fuego contra objetivos militares y no militares, «infraestructura y objetivos económicos venezolanos», «vías y medios de comunicación venezolanos» y aquellos edificios que ellos declaren «asociados con terroristas o fuerzas hostiles».
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También se inutilizarán, inhabilitarán o destruirán infraestructuras, líneas de comunicación y objetivos económicos.
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«Estaban autorizados para eliminar elementos militares del régimen, o elementos no militares terroristas«, lo que, indicó Rodríguez, abarcará a venezolanos de consejos comunales, soldados, habitantes de la Gran Misión Vivienda Venezuela, o a cualquier venezolano.
Tendrá autorizado «el uso de cualquier tipo de armas, minas autoactivadas o de comando», explicó el vicepresidente.
Goudreau «podrá autorizar un ataque contra elementos no militares de comando y control del antiguo régimen», dice el documento mostrado por Jorge Rodríguez, quien señala que se trata de asesinatos selectivos.
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El documento prácticamente de autoridad a Goudreau de eliminar cualquier ciudadano que pueda ser calificado como «grupo, célula o edificios asociados al terrorismo», incluyendo urbanismos de la GMVV, movimientos sociales, etc.
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Se podrá usar minas antipersonales.
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El documento describe el «uso gradual de la fuerza» que usarán si hay protestas o «amenazas», así como las condiciones para detener civiles, permitiendo incluso el uso de la fuerza letal.
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Se permitirá el uso de la fuerza letal para proteger propiedades designadas como «vitales para la misión».
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Otro anexo establecía la creación de una especie de «casa militar» para cuidar a Guaidó durante los asesinatos y acciones violentas. «Es un documento de la muerte», aseveró Rodríguez.
SilverCorp no será responsable de ningún acto de violencia o destrucción cometida por terceros durante la ejecución del contrato. Si demandan en Silvercorp, así sea en Estados Unidos, el gobierno de Guaidó deberá pagar los gastos de defensa y asumirá la responsabilidad financiera.
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Además, los contratistas, los que pusieron el dinero y los mercenarios, iban a poder entrar al país sin pasaporte, cuando quisieran y solamente con un carnet de Silvercorp, así como llevar armas de fuego «cuando estén en servicio». Todos los participantes norteamericanos serán asegurados por la administración, y si alguno es afectado o neutralizado (asesinado) en acción, Guaidó tenía que pagar 450.000 dólares al familiar más cercano.
La cadena de mando de esta operación quedaba así:
- Comandante en jefe: Juan Guiadó
- Supervisor del proyecto: Sergio Vergara
- Jefe de estrategia: Juan José Rendón
- Comandante en el sitio: por determinar.
Aparte del documento completo, el vicepresidente presentó un video en el cual Juan José Rendón asume la firma del contrato para la perpetración de actos terroristas en el país por parte de la contratista de mercenarios Silvercorp. “Sí existe el contrato, y yo lo firmé», confiesa J.J. Rendón en el video.
Foto: Prensa Presidencial
También está la firma de Guaidó. «Ya nosotros comparamos la firma con un grafólogo. Que se someta ante la opinión pública y lo desmienta. Jordan Goudreau, JJ. Rendón y Sergio Vergara firmaron el contrato, así fue confesado», señaló Rodríguez.
Texto: Alba Ciudad (LBR) y AVN
Publicado en Alba Ciudad.
