Aída Merlano se convirtió en un símbolo de la crisis diplomática que enfrenta Venezuela y Colombia, luego del reconocimiento del gobierno neogranadino, del “gobierno interino” de Juan Guaidó. La ex senadora, acusada de haber comprado votos para llegar al Congreso colombiano, responsabiliza al gobierno colombiano de haberla perseguido y culparla de una práctica, que es natural en todos los partidos políticos de esa nación.
Dados los reclamos de la República de Colombia sobre la extradición de Merlano, vale la pena revisar la Convención Interamericana Sobre Extradición, entrada en vigor el 28/03/92 y ratificada por 15 países de la región la cual establece que:
Artículo 10 Transmisión de la solicitud: “La solicitud de extradición será formulada por el agente diplomático del Estado requiriente, o en defecto de éste, por su agente consular, o en su caso por el agente diplomático de un tercer Estado al que este confiada, con el consentimiento del gobierno del Estado requerido, la presentación y protección de los intereses del Estado requiriente. Esa solicitud podrá también ser formulada directamente de gobierno a gobierno, según el procedimiento que uno y otro convengan.”
Igualmente vale acotar que el proceso de extradición utilizado por el gobierno de Colombia establece que:
Ministerio de Relaciones Exteriores: La Cancillería colombiana, sujetándose a los convenios o usos internacionales, adelanta las gestiones diplomáticas necesarias para obtener del gobierno extranjero la extradición.
País Requerido: Comunica por vía diplomática si concede o no la extradición. En caso de aceptarse la extradición a Colombia, el traslado se realiza con la coordinación de Interpol y se deja a la persona requerida a disposición de la autoridad judicial que elevó el pedido de extradición.
Solicitud de extradición de la excongresista Aida Merlano será tramitada por la Sala Especial de Primera Instancia de @CorteSupremaJ que la condenó, el 12 de septiembre de 2019, a 15 años de prisión por concierto para delinquir, corrupción al sufragante y tenencia de armas . Ver pic.twitter.com/Ck3kVd6YhB
— Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) January 31, 2020
Quedando clara la necesidad de una solicitud por parte del gobierno colombiano a su par venezolano, que hasta ahora, es inexistente.
Pasos dados por los gobiernos colombiano y venezolano:
- Captura de Aída Merlano el 27 de Enero en Maracaibo, estado Zulia por parte de las Fuerzas Fuerza de Acciones Especiales (FAES).
- INTERPOL-Venezuela comunica oficialmente la captura a Interpol Colombia, a través de un documento oficial.
- El 28 de enero, Nicolás Maduro dijo: «Estoy dispuesto a restablecer las relaciones a nivel consular para que tengamos relaciones consulares fluidas y todos estos temas se puedan llevar a través de los cónsules: Iván Duque, escúchame».
- El 28 de enero, la presidencia colombiana publicó via twitter: “Cómo es de todos conocido, Colombia, junto con varios países de América Latina y el resto del mundo, no reconoce y por ende, no tiene relaciones diplomáticas con el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Cuando el juez competente solicite la extradición de la señora Aída Merlano, el Gobierno Nacional hará la solicitud ante el legítimo Gobierno de Venezuela, en cabeza de Juan Guaidó”
- Se emite solicitud de extradición de la excongresista Aída Merlano tramitada por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia de Colombia el 31 de enero ante la presidencia de la República de Colombia.
- Ahora la presidencia de la República, debe realizar la solicitud correspondiente al gobierno de Nicolás Maduro, sin embargo lo realizó a Juan Guaidó.
- Juan Guaidó manifestó que iba hacer todo lo necesario para realizar el proceso, aún así, van 6 días y no ha pasado nada.
?EL GOBIERNO NACIONAL SE PERMITE INFORMAR QUE:
1. En horas del mediodía, a través de información de inteligencia de la Policía Nacional, se pudo establecer que la señora Aída Merlano fue capturada en Venezuela, en la ciudad de Maracaibo, Estado de Zulia.
— MinJusticia Colombia (@MinjusticiaCo) January 28, 2020
El juego del ajedrez político en este momento, está en un magistral jaque mate contra Iván Duque, puesto que las legislaciones internacionales y la propia legislación colombiana establecen muy claramente, que la extradición o la solicitud de misma, solo es posible a través de los canales diplomáticos establecidos, inoperantes entre Venezuela y Colombia desde la ruptura de las relación es diplomáticas en el año 2019, cuando el gobierno colombiano intentó introducir a la fuerza los camiones de la llamada “Ayuda Humanitaria”.
El gobierno de Duque se encuentra en un entramado jurídico, político y diplomático bastante complicado, pues por un lado: reconoce y solicita a Juan Guaidó haga los trámites correspondientes para la extradición, quien no cuenta con el poder sobre las Fuerzas Armadas ni el Poder Judicial, para poder realizar el trámite, mientras que Nicolás Maduro, ha mantenido su postura sobre la necesidad de retomar las relaciones políticas para realizar el proceso de extradición.
El silencio ensordecedor de la “Comunidad Internacional” y en especial del autodenominado “Grupo de Lima” referente a este caso es abrumador, todo indica que no existe forma de sacar a Duque del Jaque propinado por Maduro, que lo obliga inevitablemente a reconocer a la administración Chavista, como gobierno legítimo de Venezuela.
