El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció la emisión de tres nuevas licencias generales que ajustan de manera estratégica el régimen de sanciones aplicado sobre el territorio venezolano. Esta decisión surge en un contexto de alta complejidad diplomática y busca recalibrar la presión económica sobre Caracas.
No obstante, los portavoces estadounidenses aclararon con firmeza que estas medidas no representan un levantamiento definitivo de las restricciones ni significan una normalización de las relaciones bilaterales con el gobierno de Nicolás Maduro. La administración estadounidense diseñó herramientas para asegurar operatividad mínima en sectores logísticos que impactan a la población y al comercio internacional. El Tesoro prioriza la estabilidad de infraestructuras críticas sin ceder en exigencias políticas.
Conectividad y Logística: La Licencia General 30B
Con el objetivo de evitar el colapso total del transporte, la Licencia General 30B autoriza ahora las transacciones necesarias para el funcionamiento de puertos y aeropuertos en Venezuela. Incluso cuando estas instalaciones cuentan con la participación de entidades estatales, la nueva normativa permite el flujo de operaciones técnicas y administrativas esenciales. Sin embargo, el texto legal prohíbe explícitamente la liberación de fondos congelados o la ejecución de actividades comerciales que excedan lo estrictamente operativo.
Simultáneamente, Washington introdujo una de las licencias más significativas para el motor económico del país caribeño. La Licencia General 48 autoriza la prestación de servicios, tecnología y apoyo logístico para mantener la producción en los sectores petrolero y gasífero, permitiendo incluso la interacción supervisada con la estatal PDVSA. A pesar de esta apertura, el Departamento del Tesoro estableció controles extremadamente rigurosos que los operadores deben cumplir sin excepción.
Por ejemplo, todos los contratos resultantes de esta medida se rigen bajo la ley estadounidense y el Tesoro supervisará directamente cada pago realizado. Además, la normativa prohíbe tajantemente la creación de nuevas empresas mixtas y el uso de oro o criptomonedas como medio de pago. Un punto crítico de esta licencia es la exclusión total de cualquier vínculo con Rusia, China o Irán, limitando el radio de acción de las operaciones a socios occidentales aprobados.
Por otra parte, la Licencia General 46A regula operaciones específicas relacionadas con el crudo venezolano, tales como su levantamiento, transporte, exportación y refinación. Este permiso facilita transacciones comerciales antes bloqueadas, pero asegura que los beneficios no lleguen directamente al Estado. Los fondos permanecen bajo control de las autoridades estadounidenses, impidiendo su uso por PDVSA o el Ejecutivo venezolano.
En definitiva, estas acciones configuran lo que los analistas denominan un enfoque de “alivio controlado”. El Gobierno de EE. UU. permite operaciones esenciales para mitigar una crisis económica, manteniendo su presión financiera y política. Envía un mensaje dual: flexibilidad técnica y vigilancia sobre la industria petrolera venezolana.
