El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, encabezó la delegación que acudió al Palacio de Miraflores para informar a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sobre la instalación del Periodo Anual de Sesiones Ordinarias 2026-2027, reafirmando el compromiso que asume el parlamento para garantizar la estabilidad jurídica de la nación.
Durante su intervención desde la casa de gobierno, el jefe del Poder Legislativo detalló la hoja de ruta que guiará el trabajo de los diputados durante el próximo lustro. El plan de acción contempla seis ejes fundamentales que buscan dar respuesta a las demandas actuales de la sociedad venezolana.
En primer lugar, la gestión priorizará la consolidación de la paz y el crecimiento económico sostenido. Además, el cronograma legislativo incluye el afianzamiento de los planes del Poder Popular y el fortalecimiento de nuevas modalidades de acción económica. Por último, Rodríguez subrayó que la defensa integral de los venezolanos y las venezolanas constituye el pilar central de todas las decisiones que tome la cámara.
La transformación del sistema legal
En ese sentido, Rodríguez explicó que la coyuntura política actual, marcada por la agresión militar y el secuestro de la pareja presidencial, exige una reorganización profunda del marco normativo. Por consiguiente, el Legislativo ha decidido «poner orden en el árbol legislativo» para dotar al país de herramientas legales más eficientes y modernas. Para lograr este objetivo, la Asamblea Nacional transformará las leyes existentes mediante la creación de ocho grandes códigos jurídicos:
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Código Penal Popular
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Código Social Venezolano
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Código Económico y de Comercio Productivo
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Código de Democracia Directa y Afianzamiento del Poder Popular
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Código Civil
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Código Ecológico Ambiental
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Código de Protección de Personas Vulnerables
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Código Electoral
De igual manera, el presidente de la Asamblea Nacional destacó que este esfuerzo de codificación simplificará la aplicación de la justicia y facilitará el ejercicio de la democracia participativa. Por esta razón, los parlamentarios iniciarán de inmediato las consultas públicas para que cada sector de la sociedad aporte sus visiones a estas nuevas estructuras legales. En lugar de mantener una dispersión de leyes, el Estado venezolano concentrará sus esfuerzos en normativas cohesionadas que protejan los derechos fundamentales de la población.
Mientras el país enfrenta desafíos externos, el Poder Legislativo se mantiene firme en su intención de legislar para el bienestar común. Del mismo modo, la creación de estos códigos representa un blindaje contra las pretensiones de desestabilización, ya que otorga mayor seguridad jurídica a las instituciones y a la ciudadanía. Efectivamente, la meta principal reside en construir un sistema legal que responda a la realidad del siglo XXI.
En conclusión, la labor que inicia este mes de enero marcará un hito en la historia del derecho en Venezuela. El pueblo espera que este nuevo ordenamiento jurídico fortalezca la soberanía y permita superar las dificultades actuales con justicia y equidad. Con la instalación oficial de estas sesiones, cada integrante del parlamento asume la responsabilidad histórica de refundar las bases legales de la República.
