La Casa Blanca defendió enérgicamente la decisión de un oficial naval de ejecutar un segundo ataque para eliminar a los sobrevivientes de un bombardeo en el Caribe. Karoline Leavitt, vocera presidencial, ofreció nuevas y polémicas declaraciones sobre el escándalo del presunto asesinato de tripulantes civiles.
Concretamente, Leavitt admitió que el oficial al mando dio la orden de muerte a los sobrevivientes. Un reportero preguntó: “¿El almirante Frank Bradley fue quien dio la orden de un segundo ataque?”, a lo que Leavitt respondió sin dudar: “Y estaba dentro de su autoridad para hacerlo”.
Evidentemente, esta respuesta aviva la controversia en Estados Unidos sobre el delito de matar civiles indefensos. Muchos críticos han calificado la decisión como un crimen de lesa humanidad, puesto que Washington no ha declarado una guerra formal en el conflicto. Las acusaciones se han dirigido directamente contra el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien previamente había declarado que había dado la orden de matarlos “a todos”.
Trump sale en defensa del secretario Hegseth
Tras las acusaciones internas, el presidente Donald Trump salió rápidamente en defensa de Hegseth, a pesar de que sus propias declaraciones parecieron contradecir la necesidad de un segundo ataque. «Yo no hubiera querido eso. No un segundo bombardeo. El primer golpe fue muy letal y estuvo bien”, aseguró Trump. No obstante, el presidente reiteró su confianza en Hegseth, afirmando: “Pete dijo que no ordenó la muerte de esas dos personas”. Hegseth respaldó al almirante Mitch Bradley en X, llamándolo héroe y profesional. Su apoyo podría ser prueba en un futuro juicio por ejecuciones extrajudiciales.
A pesar del apoyo de la Casa Blanca, legisladores de ambos partidos han reaccionado con severidad. Líderes como Mike Rogers y Adam Smith en la Cámara de Representantes, y Roger Wicker y Jack Reed en el Senado, anunciaron una supervisión rigurosa de los ataques para esclarecer los hechos. El senador Tim Kaine advirtió que, de comprobarse las acusaciones, “esto podría elevarse al nivel de un crimen de guerra”. Por su parte, el representante Mike Turner señaló que existen “preocupaciones muy serias sobre los ataques a barcos en el Caribe y el Pacífico y la justificación legal presentada por el Gobierno”.
El debate enfrenta la política de seguridad estadounidense con los límites legales internacionales. Trump y Hegseth se sitúan en el centro de la polémica, por lo que la atención del Congreso se enfoca en determinar responsabilidades y exigir transparencia en las operaciones militares en la región.
Venezuela abre una investigación formal
Paralelamente, la controversia trasciende las fronteras de EE.UU. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció este sábado que el Parlamento venezolano iniciará una investigación formal sobre las ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas estadounidenses en el mar Caribe. En efecto, Rodríguez denunció graves violaciones al derecho internacional humanitario tras un encuentro con familiares de las víctimas.
Rodríguez enfatizó que las acciones estadounidenses son “claramente ilegales, es claramente ilegítimo y vulnera el derecho humanitario internacional”. Además, citó el artículo 12 del Convenio de Ginebra de 1949, que exige que los heridos o enfermos “habrán de ser respetados y protegidos en todas las circunstancias”. Finalmente, el respaldo de Hegseth al almirante Bradley constituye una decisión política de alto riesgo que podría tener serias implicaciones legales.
