La legalidad de los ataques militares ejecutados en el mar Caribe durante los últimos tres meses enfrenta un escrutinio creciente en el Congreso estadounidense. Las dudas se intensificaron tras conocerse que uno de estos bombardeos, según reportes, tuvo como propósito específico la eliminación de los supervivientes de una incursión anterior, cumpliendo con la orden verbal del secretario de Guerra, Pete Hegseth, de “matarlos a todos”. Por lo tanto, varios legisladores exigen ahora una explicación exhaustiva al respecto.
De acuerdo con información publicada por el Washington Post, una operación ocurrida el 2 de septiembre dejó inicialmente a dos supervivientes. Inmediatamente, esta situación condujo a un segundo ataque, el cual se ejecutó para acabar con sus vidas, siguiendo una “directriz verbal” que Hegseth presuntamente impartió y que el almirante Frank Bradley habría llevado a cabo. No obstante, tanto el jefe del Pentágono como la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, han desmentido categóricamente esta información.
Congresistas califican las acciones como posible crimen de guerra
El presidente Donald Trump y el secretario Hegseth han dejado claro que los «grupos narcoterroristas designados por el presidente están sujetos a ataques letales de acuerdo con las leyes de la guerra», aseveró Leavitt en una rueda de prensa, defendiendo las acciones militares. Sin embargo, las Naciones Unidas han catalogado estas incursiones, que ya han dejado un saldo de más de 80 muertos, como ejecuciones extrajudiciales que violan los derechos humanos y las leyes de la guerra.
El senador demócrata Tim Kaine expresó su profunda preocupación. «Esto alcanza el nivel de un crimen de guerra si es cierto», dijo Kaine en una entrevista con la cadena CBS. De manera similar, el republicano Mike Turner, expresidente del Comité de Inteligencia, afirmó en otro programa de la cadena que el Congreso no recibió información alguna sobre la ocurrencia de ese segundo ataque.
“Si eso ocurrió, sería muy grave, y estoy de acuerdo en que sería un acto ilegal”, advirtió Turner. Claramente, ambos bandos políticos reconocen la gravedad de las acusaciones.
El Senado anunció supervisión rigurosa
Estos comentarios críticos surgen justo después de que el Comité de Servicios Armados del Senado, liderado por los republicanos, anunciara el viernes que planifica una «supervisión rigurosa» de los ataques en curso. Así pues, el Congreso intensifica su papel fiscalizador, buscando establecer la verdad detrás de estas operaciones letales y determinar si se produjo o no una violación de las leyes militares y de los derechos humanos.
Adicionalmente, varios grupos de derechos humanos y organizaciones internacionales han presionado al gobierno estadounidense para que detenga inmediatamente estas prácticas y permita una investigación independiente sobre las muertes ocurridas en alta mar. La controversia pone a prueba el compromiso de la administración Trump con el derecho internacional y la transparencia.
En consecuencia, el debate sobre la legalidad de las acciones estadounidenses en el Caribe escala, mientras la opinión pública exige respuestas. Finalmente, la investigación del Comité de Servicios Armados del Senado determinará las responsabilidades detrás de las ejecuciones en el Caribe.
