Las contradicciones del gobierno de Estados Unidos y El Salvador cada vez son más evidentes. En un informe que las autoridades salvadoreñas entregaron a la oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas niegan tener control sobre los 252 migrantes venezolanos secuestrados; así como de otras 50 personas de diferentes nacionalidades, trasladadas ilegalmente por EE.UU. a la mega prisión del Nayib Bukele.
Mientras que, las autoridades salvadoreñas asegura que la administración Trump mantiene el control sobre los 252 venezolanos deportados desde EE.UU. a campos de concentración nazis en El Salvador; el gobierno de Trump niega insistentemente tener control sobre los venezolanos deportados, alegando que el gobierno salvadoreño es el que tiene control absoluto sobre los detenidos.
En el informe, las autoridades salvadoreñas, además, detallaron que “la jurisdicción y la responsabilidad legal sobre dichas personas recaen exclusivamente en las autoridades extranjeras competentes”, es decir Estados Unidos.
“Las acciones del estado de El Salvador se limitan a la implementación de un mecanismo de cooperación bilateral con otro Estado, mediante el cual ha facilitado el uso de la infraestructura penitenciaria salvadoreña para la custodia de personas detenidas en el ámbito del sistema judicial y las fuerzas del orden de ese otro Estado”, reza el comunicado.
Este posicionamiento se produce mientras la ONU investiga el destino de los migrantes venezolanos secuestrados desde mediados de marzo, a pesar de que un juez estadounidense ordenó el regreso de los aviones que los transportaban.
Control de EE.UU.
Por su parte, Lee Gelernt, uno de los abogados de las víctimas, comentó: “El Salvador confirmó lo que nosotros y todos los demás entendíamos: es EE.UU. el que controla lo que sucede a los venezolanos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT)”. Al tiempo que, aseguró que el gobierno estadounidense “no proporcionó esta información a nosotros ni al tribunal”, lo que llevó a Skye Perryman, de Democracy Forward, a acusar a la administración de Trump de “no ser honesta con el tribunal ni con el pueblo estadounidense”.
Vale recordar que, en marzo el gobierno de Trump acordó pagar 6 millones de dólares a Nayib Bukele a cambio de albergar a 300 migrantes, en un acuerdo bastante controversial debido a que se invocó la Ley de Enemigos Extranjeros, con la intención de expulsar rápidamente a hombres que el gobierno acusaba de ser miembros de la extinta banda criminal el Tren de Aragua; sin embargo, nunca se presentaron pruebas en contra de los detenidos.
