El gobierno de Venezuela respondió este martes a la comunicación enviada por la Cancillería de El Salvador, en la que reiteran de manera formal el canje de venezolanos secuestrados en ese país a cambio de criminales condenados en Venezuela. En la nota, el gobierno nacional saludó la comunicación salvadoreña como una confesión de sus crímenes contra los derechos humanos.
La respuesta venezolana considera que esta carta como una «confesión» y “expresa graves violaciones al derecho internacional… así como de la comisión de actos que podrían tipificarse como acciones delictivas internacionales”.
Entre estas acciones, enumeran la violación de derechos humanos a ciudadanos venezolanos privados de su libertad arbitrariamente, recluidos in orden judicial ni juicio previo y siendo víctimas de tratos degradantes e inhumanos.
Añade la criminalización colectiva y xenofobia institucional, al vincular sin pruebas a los secuestrados con bandas criminales ya desmanteladas en Venezuela. También suman el delito de negación del derecho a la defensa, al acceso a la justicia y la asistencia jurídica.
A juicio del gobierno venezolano, la propuesta de “intercambio” formulada por el gobierno salvadoreño, constituye una situación ilegal y “moralmente inadmisible”, ya que propone cambiar inocentes por criminales sentenciados, lo que implica una “aberración legal, sin precedente en el marco de las relaciones bilaterales”.
Por este hecho, el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, llamó al presidente de El Salvador como un “violador serial de derechos humanos”, dado el desprecio del mandatario centroamericano por el derecho internacional.
El presidente Nicolás Maduro exigió este lunes al gobierno salvadoreño la liberación inmediata e incondicional de los 252 ciudadanos venezolanos secuestrados en una prisión de máxima seguridad, y responsabilizó a Nayib Bukele y su gobierno de las afectaciones que pudieran sufrir estos ciudadanos.
En tal sentido, insta a San Salvador a revelar la identidad de las personas secuestradas, dar fe de vida de cada uno y precisar cuáles fueron los delitos que cometieron en el país centroamericano. El gobierno pide también que se permita asistencia legal, derecho a la salud y la comunicación, como el inicio de la restitución de las libertades de todos los secuestrados.
