Lo que venimos observando semana tras semana son las manifestaciones de jubiladas y jubilados manifestando protestando contra las políticas gubernamentales que los afectan negativamente.
Mientras la canasta mensual asciende a un millón de dólares las jubilaciones mínimas no llegan ni a trecientos mil pesos, además el PAMI ha dejado de entregar sin costo para la personas de la Tercera Edad una gran cantidad de medicamentos.
El aumento de precios de los alimentos ha sido colosal bajo la presente administración presidencial que se jacta de haber reducido el índice inflacionario, pero lo cierto es que la erosión de los salarios, las jubilaciones y pensiones de la mayoría de la población han quedado diezmadas por las políticas de ajuste, el desempleo y la precarización se acrecentaron exponencialmente y la pobreza y la indigencia también.
La semana pasada el Gobierno Nacional anunció el envío al Congreso de un DNU referido a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (F.M.I), lo declarado explícitamente es que esos 20.000 millones de dólares son para que el Estado Nacional salde su deuda con el Banco Central de la República Argentina, la misma institución a la que el devenido Presidente destruía con furia frente a las cámaras de televisión golpeando con una maza una maqueta, festejado por una cohorte de bufonas.
Las marchas de jubiladas y jubilados de los miércoles han sido hostigadas sistemáticamente bajo este gobierno, nunca faltaron los agentes arrojando gases para dispersar a quienes protestan generando lesiones de gravedad.
Lo cierto es que la magnitud de lo ocurrido el miércoles 12 de marzo solo es comparable al despliegue de fuerzas represivas de diciembre del 2001 que dejó un tendal de heridos.
Una jubilada agredida por un agente que terminó tendida en la calzada, un reportero gráfico con el cráneo partido con riesgo de vida y quizá con secuelas irreversibles, ciento de manifestantes detenidos por ejercer su legítimo derecho a protestar contra las políticas que multiplican la pobreza, el sufrimiento y la exclusión social.
El gobierno, busca ocultar su talante liberticida estigmatizando a quienes manifiestan su oposición al plan de exterminio en marcha.
Carlos A. Solero
