El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, anunció que el Parlamento solicitará al Ministerio Público (MP) aplicar la Ley Libertador Simón Bolívar contra exdiputados de la extinta AN de 2015.
Rodríguez presentó una carta escrita por dirigentes opositores que estaba dirigida al encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia y jefe de misión de Estados Unidos para Venezuela Francisco Palmieri, solicitándole recursos para sus “funciones”.
Explicó que mediante esa carta, los militantes de la ultraderecha están solicitando más recursos antes del cambio de gobierno en Estados Unidos.
“Estos descarados lo que están es buscando la manera de que su dueño, Palmieri, les apruebe los dineros que no les pertenecen, sino que le pertenecen al pueblo de Venezuela”, subrayó el presidente de la AN.
Asimismo, señaló que estas parlamentarias y parlamentarios reciben 5 mil dólares mensuales de una partida denominada “Guardianes de la Democracia”, con los recursos y activos que les han secuestrado y robado a Venezuela en el exterior, entre ellas los dividendos de CITGO que le pertenecen a los venezolanos y venezolanas.
“Esta carta es la demostración fehaciente que debe aplicarse de inmediato a la señora Dinora Figuera, Marianela Fernández y Auristela Vásquez, lo que está establecido en materia de inhabilitación política y delitos de orden penal tipificados en la Ley Simón Bolívar y de Extinción de Dominio”, dijo Rodríguez, al destacar que se trata de un crimen y una violación flagrante.
Las ciudadanas Dinorah Figuera, Marianela Fernández y Auristela Vásquez, se autodenominan presidenta, primera vicepresidenta y segunda vicepresidenta, respectivamente, de la inexistente AN.
Al respecto, el diputado calificó de estupidez el hecho de que se autodenominan integrantes de una Asamblea Nacional inexistente, así como que hayan participado en una reunión secreta, de la cual “no hay ningún registro de elección, reunión, votación, ni de la existencia real de estos diputados vitalicios que se abrogan un cargo que no les corresponde”.
En este sentido, destacó que se les deben aplicar las penas previstas en la referida ley, como la inhabilitación política, extinción de dominio y acciones penales.
