A solo días de que Donald Trump ganara las elecciones presidenciales en Estados Unidos, ya sus aliados han comenzado a desmantelar las políticas migratorias implementadas durante la Administración de Joe Biden.
El juez federal J. Campbell Barker, nombrado durante el Gobierno de Donald Trump, anuló el «parole in place«, un programa migratorio permitía a los migrantes indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses obtener un estatus legal en Estados Unidos sin salir del país.
Esta política migratoria de Biden otorgaba estatus legal a 500 casados con estadounidenses y a 50 mil hijastros indocumentados.
Campbell Barker había suspendido previamente la regulación, pero dijo este jueves en su fallo que la anulaba porque el Congreso no había otorgado al poder ejecutivo la autoridad para implementar tal política.
Esta decisión es la primera medida que se toma contra las políticas migratorias de Estados Unidos.
Tras conocerse su victoria electoral, Trump aseguró en su discurso que hará la frontera sur del país «fuerte y poderosa».
Incluso, reiteró su promesa incumplida de construir un nuevo muro para separar a Estados Unidos de México
«Vamos a sellar nuestras fronteras y vamos a tener que dejar a la gente que entre en el país. Queremos que la gente regrese. Tenemos que dejarlos regresar, pero lo van a tener que hacer de manera legal. Tienen que venir, pero de manera legal», aseguró Trump.
Además, garantizó a los estadounidenses que va ayudar a “sanar el país”, tras considerar que la nación norteamericana está enferma por los últimos 4 años de la Administración de Joe Biden.
De acuerdo a un trabajo especial de la cadena de noticias estadounidense CNN, el plan de deportaciones masivas que prometió Donald Trump costaría al menos 100 mil millones de dólares y tomaría unos 20 años. Aunque, algunos especialistas opinan que costaría mucho más y también tardaría más tiempo.
Sin embargo, Donald Trump defendió su propuesta y ratificó que la deportación masiva «no tiene precio«.
