Más de 900 organizaciones (ONG) y activistas de derechos humanos de diferentes partes del mundo pidieron a través de un comunicado “reconocer la legitimidad democrática y autoridad del Consejo Nacional Electoral y, en consecuencia, la decisión de adjudicar la victoria de este proceso al Presidente Nicolás Maduro Moros”.
Recordaron que, de existir algún tipo de irregularidad en el proceso electoral que se desarrolló el pasado 28 de julio, los candidatos que participaron en estas elecciones deben presentar los recursos judiciales electorales ante los tribunales competentes.
Asimismo, los defensores de los derechos humanos solicitaron a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela “tramitar con la mayor diligencia y decidir el recurso contencioso electoral presentado por el Presidente Nicolás Maduro Moros dirigido a verificar la legitimidad y legalidad del proceso electoral presidencial y, a través de este medio, esclarecer cualquier duda o cuestionamiento que pudo haberse generado sobre la transparencia de este proceso”.
Igualmente, exhortaron a todas las y los dirigentes políticos venezolanos, así como a los partidos y movimientos políticos del país, a garantizar la paz y la convivencia democrática, convocando a sus simpatizantes a respetar la vida, la salud y la seguridad de todas las personas y expresando su rechazo categórico a cualquier hecho de violencia.
Las ONG recordaron que en el proceso presidencial que se llevó a cabo el 28-J, el pueblo participó de manera libre, voluntaria y con un alto nivel de civismo, en estricto apego al ordenamiento jurídico interno.
Sin embargo, lamentaron que el candidato presidencial que obtuvo el segundo lugar y los partidos políticos que lo respaldan decidieron desconocer los resultados de la votación anunciados por el CNE, convocando a sus simpatizantes a tomar las calles sobrepasando los límites de las manifestaciones públicas pacíficas y ejecutando acciones de violencia vandálica en contra de personas, centros de salud, instituciones educativas, vehículos de transporte público, bienes privados, entre otros.
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