Sindicatos exigirán ante los Tribunales nulidad del «decretazo» de Javier Milei

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La Confederación General del Trabajo (CGT) de Argentina anunció que realizará una movilización a los Tribunales de Buenos Aires el próximo miércoles, para exigir a la Justicia que declare la nulidad del «decretazo» implementado por el presidente Javier Milei.

Tras una reunión, los dirigentes de la CGT decidieron marchar hacia el Palacio de Justicia, en Buenos Aires, donde entregarán una impugnación al Decreto de Necesidad y Urgencia, que anula o modifica unas 300 leyes.

Asimismo, los principales gremios del país convocarán a su Comité Central Confederal el próximo 28 de diciembre, para analizar un llamado a paro general.

«Que se largue un decreto derogando una cantidad de leyes sin necesidad ni urgencia», analizó Daer.

En la reunión de emergencia, los dirigentes de la principal central sindical del país coordinaron una respuesta al extenso decreto que presentó Milei para desregular la economía.

Esta sería la primera gran protesta contra el decretazo de Javier Milei, el cual se suma a su paquete económico que también fue cuestionado por la población.

¿Qué leyes modificó Javier Milei?

Con la modificación de la ley laboral, serán sometidos a un mayor periodo de prueba antes de ser contratados. Y reducirá las indemnizaciones por despido.

La ley propone aumentar de 3 a 8 meses el periodo de prueba de los trabajadores antes de contratarlos con todas las prestaciones de ley. Lo que beneficia al empleador, quien durante ese lapso no tiene que cubrir los derechos laborales e incluso puede cesar la relación sin ningún tipo de indemnización.

Ahora, los alquileres se pactarán libremente y en dólares. Los servicios médicos privados podrán aumentar precios cuando quieran. Privatizarán a las empresas públicas.

El Decreto también confirma el cambio de estatus legal de las empresas públicas, que ahora pasarán a ser Sociedades Anónimas que podrán ser privatizadas.

La medida afecta a las compañías que administran los trenes, los medios públicos (Radio Nacional, Televisión Pública y Agencia Télam), la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (Arsat) y a la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), entre otras.

Asimismo, ya no se inscribirán los contratos ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Esto implica una total desregulación del mercado inmobiliario, siendo el principal afectado el inquilino.

La posibilidad de firmar contratos en “cualquier moneda extranjera” abarca no solo los alquileres, sino todo tipo de contrato. La medida abre paso a la dolarización de la economía, que fue una promesa de Milei durante su campaña

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