Es mucho lo que se ha dicho sobre las llamadas “sanciones”, que en realidad se tratan de Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU), aplicadas por el gobierno de EE. UU. contra Venezuela. Sin embargo, es muy importante no perder de vista tres verdades sobre estas acciones.
Las sanciones no son selectivas. Desde el año 2014, cuando EE. UU. comenzó a armar su arquitectura jurídica para “legitimar” la violación al derecho internacional y los DDHH de los venezolanos, se argumentaba que estas medidas estaban dirigidas para afectar únicamente a los altos funcionarios del Gobierno Bolivariano. Luego, quedaría demostrado que no es verdad.
Las sanciones causan dolor. Las “sanciones” son un arma de agresión diseñadas para generar dolor a la población venezolana, usadas para disfrazar una verdadera “industria del saqueo” al robar los activos de los países sancionados. Dieciocho congresistas de los EE.UU. pidieron al gobierno de Joe Biden “el levantamiento de las sanciones” y reconocieron que las mismas son una de las principales causas del sufrimiento de los venezolanos.
Las sanciones también afectan a la empresa privada. El presidente de Fedecámaras, Adán Celis, expresó que las sanciones aplicadas al gobierno afectaban al empresariado venezolano, por lo que abogó por su levantamiento; de esta manera, dicha organización pasó de ser la que encabezó el golpe de Estado contra el presidente Hugo Rafael Chávez Frías en el año 2002, a ser otra de las voces que se han sumado a la petición del levantamiento de “sanciones” a Venezuela.
Debido a las MCU, el 63 % de las empresas privadas en Venezuela fueron gravemente afectadas, según indica el economista Víctor Álvarez. Cierre de cuentas, impedimentos para realizar transferencias internacionales, demoras en sus pedidos de productos y servicios, cancelaciones de órdenes de compra de materias primas; restringen las libertades económicas del empresariado venezolano y extranjero al ejecutar la política de sanciones como una forma de terrorismo.
Queda claro que “las sanciones” afectan de manera generalizada a todos los sectores de la población y se impusieron para frenar el avance que experimentó Venezuela en materia de derechos sociales en los primeros 10 años de la Revolución Bolivariana.
INDHRIANA PARADA
ÚN.
