Carlos Vecchio, ex diputado opositor y embajador del interinato en Estados Unido es señalado por un plan para sabotear y destruir la industria petrolera venezolana.
Así lo denunció este jueves en el Ministerio Público el abogado Alejandro Terán Martínez, quien consignó la denuncia formal ante el despacho del fiscal general, Tarek William Saab.
Vecchio, habría aprovechado su posición en el país norteamericano para iniciar varias jugadas orientadas a la paralización progresiva de la producción petrolera.
De acuerdo con la denuncia, el opositor venezolano contaba con el respaldo de funcionarios en el Poder Judicial venezolano; estas personas le facilitarían acceso a información para desarrollar su estrategia.
La estrategia fallida
Según la denuncia, Jesús Alberto Pérez Oropeza sería socio de Vecchio en una empresa que suministra a Petropiar los “mejoradores”; insumos necesarios para la purificación del petróleo de la Faja Petrolífera del Orinoco.
De acuerdo con el denunciante, el plan de Vecchio era «paralizar paulatinamente la producción petrolera». Para esto se hizo del control de ICM Proyectos 2001, principal proveedora de Petropiar.
@carlosvecchio nunca ha trabajado pero hoy es multimillonario a costa de CITGO y de las "ayudas humanitarias" que le fueron entregadas. https://t.co/eSwVGRMFCX
— Edgar Figuera (@figueraedgar) April 7, 2023
«El objetivo era que Petropiar no llegara a su meta productiva; le cortaba las posibilidades a ICM como importante contratista de Petropiar y con licencia OFAC a través de Chevron. Esto se tejió en la oficina de Carlos Vecchio en Estados Unidos», relató Terán Martínez.
Además, el abogado aseguró que las pesquisas realizadas por ICM Proyectos 2021 revelaron que un operador –detenido recientemente en la Operación Especial Anticorrupción– pretendía intervenir la compañía, otorgarla en concesión y apoderarse de los equipos que Petropiar usa en su operación.
La estrategia, refirió Terán, se basaba en impedir que Chevron manejara las operaciones tras conseguir la licencia del Departamento del Tesoro, por medio de una querella judicial en el Tribunal 3° Antiterrorismo, a cargo de la jueza Luisa Garrido.
