La tormenta Bonnie está haciendo estragos en Centroamérica y en El Salvador, la Asamblea Legislativa ratificó, con 66 votos, el «Estado de Emergencia Nacional por el huracán Bonnie«. Este fenómeno climático ya se ha cobrado una vida y ha dejado daños materiales tras su recorrido contando con la destrucción de más de 150 viviendas; y dos hospitales.
Entretanto, el gobierno presidido por Nayib Bukele había emitido mediante un decreto ejecutivo número 18 que contiene ocho artículos; y establece que estará vigente durante los próximos 15 días a partir del día de su publicación en el Diario Oficial.
Asimismo, el ministro de Medio Ambiente salvadoreño, Fernando López, declaró a la prensa que “Tenemos una onda tropical activa; una serie de nubes arrastradas por el viento del este. Lo que significa mucha lluvia en forma de tormentas, no es temporal; sino un aguacero, con probabilidad de tormentas eléctricas e inundaciones”.
Otras alarmas
Esto ha encendido otras alarmas no precisamente referidas al clima, sino a que algunos diputados de oposición advirtieron que esta figura de Estado de emergencia, podría usarse para asignar recursos sin controles y ni transparencia.
En El Salvador, un estado de emergencia nacional le permite al Gobierno hacer transferencias y compras sin aplicar la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP); suspendida en varias leyes especiales emitidas por la Asamblea.
Lo cierto es que, en teoría, esta normativa y la aprobación de la emergencia incluye que el Estado debe responsabilizarse por la seguridad alimentaria; y garantizar las condiciones óptimas para las personas que terminen afectadas y evacuadas por las lluvias provocadas por Bonnie en El Salvador.