Es falso que se vaya a modificar la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras vigente en la República Bolivariana de Venezuela; según lo declaró Orlando Camacho presidente de la Federación de Artesanos, Micros, Pequeñas y Medianas Industrias y Empresas de Venezuela (Fedeindustria).
El rumor surgió luego de un encuentro que sostuvo Camacho, con representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), quienes recientemente también se reunieron con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en el Palacio de Miraflores.
«Ahí no se habló en ningún momento de una modificación de la Ley del Trabajo, eso es falso. Lo que el tripartismo busca es que se cumpla la ley», manifestó el empresario en una entrevista que concedió al circuito Unión Radio.
Por otra parte, el también diputado a la Asamblea Nacional negó que se pretenda retornar al esquema de 44 horas semanales para la jornada laboral. Asimismo resaltó el éxito que representa la visita de la OIT para la apertura del proceso de diálogo entre el gobierno, empresarios y trabajadores.
Hoy #05Abril estuve en entrevista con @Edurodriguezg
en su programa A Tiempo que transmite @UnionradionetUna importante entrevista, donde tocamos temas muy importantes, como las reuniones tripartitas del Diálogo Social, llevadas a cabo durante la semana pasada, pic.twitter.com/pbbgLu2WL7
— Orlando Camacho (@orlandocamachof) May 5, 2022
Decisión del gobierno
Por otra parte, Camacho recordó que los actores que estuvieron presentes en el encuentro, no tienen potestad para tomar decisiones que corresponden al Gobierno Nacional y tienen además sus respectivos procedimientos en el marco de la Constitución y las leyes.
«No es decisión de las partes, es una decisión autónoma del Estado representado por el Ejecutivo nacional». Así lo explicó el diputado y presidente de Fedeindustria, Orlando Camacho.
Con la visita de la delegación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Gobierno Bolivariano presentó hace unos días una propuesta para que el ente abra una línea de investigación para conocer cómo afectaron las sanciones impuestas por la Casa Blanca la estabilidad laboral y los derechos en Venezuela.
