Desmantelaron banda criminal que gestionaba documentos del Saime

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Una banda criminal integrada por 3 funcionarios del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), 2 guardias nacionales, un policía del Servicio de Migración y 2 individuos fue desmantelada este martes, por dedicarse al cobro en divisas para agilizar el trámite de documentos.

A cargo del procedimiento estuvo la Inspectoría General del Saime, los funcionarios de este departamento realizaron las labores de inteligencia para desarticular a la banda, que se dedicada a cobrar por agilizar trámites relacionados a la emisión de pasaportes, cédulas y otros documentos.

Los detenidos están identificados como: José Luis Pírela López, Jhon Javier Guaramato Semeco, José Antonio Cádiz Celis, María Alejandra Molina, Mary Carmen Semeco Morales.

A ellos también se suman, Anthony Olivera Orellana, Luis Alexander Maldonado Aguirre y Julier José Bolívar Ochoa. 

Sin embargo, las autoridades no especificaron quiénes de estos detenidos son los funcionarios militares y cuáles son trabajadores del Saime.

Los funcionarios encargados del procedimiento detallaron que los detenidos abordaban a personas que acudían a hacer preguntas a la Oficina de Atención al Ciudadano; ubicada en la sede central del ente en Caracas.

En un comunicado, el Saime hizo un llamado a la ciudadanía a no caer en estas bandas mafiosas, las cuales buscan lucrarse, ofreciendo falsos trámites.

“La invitación es a realizar sus solicitudes por los canales regulares y denunciar si ha sido víctima de estos sujetos inescrupulosos”, instó la institución.

El Gobierno nacional ha emprendido procedimientos para acabar con las mafias que operan en el Saime, y como parte de este trabajo en octubre del año pasado, desmantelaron una red criminal que operaba en el estado Apure, que se dedicaba a otorgar documentos falsos a delincuentes colombianos; mexicanos y estadounidenses vinculados al paramilitarismo y narcotráfico.

Para ese momento, detuvieron a 6 funcionarios del Saime, un jefe de Registro Civil y una fiscal del Registro e Identificación del CNE; quienes quedaron a la orden del Ministerio Público.

 

 


 

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