El drama del retardo procesal llegó al debate de la Asamblea Nacional. Los diputados de la Comisión de Política Interior pusieron de relieve la situación de detención irregular de al menos 38.700 personas que están recluidas en los denominados “centros de prevención”.
El parlamentario Pedro Carreño anunció que han decidido crear el plan llamado Sistema de Justicia Social Revolucionaria Carabobo 200 para contribuir a la agilización de los procesos judiciales que tienen a miles de venezolanos pagando cárcel de manera irregular.
El diputado socialista destacó que todavía en Revolución suceden eventos inadmisibles que tienen a muchos venezolanos víctimas de la extorsión de funcionarios del poder judicial.
Durante su intervención remarcó que muchas personas son víctimas de detención ilegal y permanencia en prisiones porque no tienen acceso a la justicia expedita y al mismo tiempo son rehenes del chantaje que pone precio a los trámites elementales.
“Para la audiencia preliminar, tienen una tarifa; si es audiencia en flagrancia, le ponen otra tarifa, si es para la presentación y acusación, otra tarifa. Eso no puede permitirse en esta Revolución” dijo durante su intervención.
Reflexión y advertencia
Carreño reflexionó que “no habrá redención social si no hay regeneración moral; y la regeneración moral pasa por la transparencia y la integridad en el manejo de los asuntos públicos de todas las instituciones del país”.
El diputado repasó el caso de los funcionarios que extorsionaron a una mujer en el Zulia y que ahora están procesados por ese delito. Sobre ello advirtió que “miembro del sistema de justicia que esté involucrado en sobornos, pasará de miembro del sistema de justicia a penado de libertad”.
Sobre este tema del retardo procesal, intervino la primera vicepresidenta del Parlamento, Iris Varela, quien confirmó que durante un recorrido a la ciudad de Carora visitaron 3 organismos de detención preventiva pero en el solo uno, la policía, está habilitado para ello.
Destacó que la visita a esa ciudad se produjo a una serie de denuncias que llegaron hasta el diputado Julio Chávez; y puso de relieve que con ello querían estimular la denuncia responsable porque “el Estado no puede ser indiferente ante esa realidad”.
