«Con 7 votos a favor y 2 en contra, la Corte Constitucional dio paso a la despenalización del aborto por violación en Ecuador; tras acoger la acción de inconstitucionalidad presentada por 3 organizaciones de mujeres y de defensa de derechos sexuales y reproductivos», publicó el diario ecuatoriano El Universo.
Jueces de la Corte Constitucional de Ecuador resolvieron este miércoles la despenalización del aborto por violación. Este dictamen se produce en respuesta a una demanda de inconstitucionalidad interpuesta por agrupaciones defensoras de los derechos de las mujeres en 2020.
Hasta la fecha, el aborto solo se permitía si la vida de la mujer está en peligro; o el embarazo fue producto de una violación a una mujer con discapacidad mental superior al 30%, conforme al Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Desde hace años, las organizaciones feministas exigían que cualquier mujer que sea violada (tenga o no discapacidad intelectual) pueda optar por un aborto seguro y legal. La propuesta tuvo resistencia por parte de los grupos parlamentarios conservadores.
Orgullosamente a favor de la despenalización del #AbortoPorViolación, del #AbortoPorDecisión. De las mujeres, adolescentes, niñas y personas que deciden abortar. La defensa del derecho al aborto es la defensa de derechos humanos.
— Surkuna? (@SurkunaEc) April 27, 2021
Sobre el mismo tema, los movimientos feministas denuncian que cada día quedan embarazadas 14 menores de edad en ese país; de las que finalmente dan a luz 7. La cifra ha subido durante el tiempo de pandemia y aseguran que muchas de estas adolescentes que quedan al margen de la sociedad, son violadas por familiares o vecinos. Las condiciones sanitarias para las mujeres que deciden abortar siguen siendo extremas.
Por su parte, el discurso paternalista y conservador del presidente recién electo de Ecuador, Guillermo Lasso, preocupada a estas organizaciones. En este sentido, la directora ejecutiva de la organización Surkuna, Ana Cristina Vera insistió a un medio internacional que un «El Estado tiene que dedicarse a generar políticas públicas de protección no a ejercer como un padre que castiga”.
