El embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada, ratificó la petición del Gobierno venezolano al Servicio de la ONU sobre Actividades Relativas a las Minas (UNMAS, por sus sigla en inglés) para la prestación de asistencia técnica y el asesoramiento en materia de desarrollo de capacidades con el fin de lograr retirar las minas instauradas por grupos criminales colombianos en territorio fronterizo y, atender a las víctimas.
En una reunión con la directora encargada del Servicio de las Naciones Unidas de Actividades Relativas a las Minas, Moncada solicitó que dicha agencia especializada brinde su experiencia y experticia a los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
El UNMAS lidera, coordina e implementa los esfuerzos de las Naciones Unidas destinados a eliminar las minas terrestres y los explosivos. Asimismo para mitigar su impacto negativo en la vida de las personas; en torno a su objetivo, durante el encuentro, Venezuela solicitó «la prestación de asistencia técnica y el asesoramiento en materia de desarrollo de capacidades, incluyendo a través del intercambio de mejores prácticas; la asistencia tecnológica, incluso mediante el intercambio de técnicas y tecnologías de acción contra las minas; y el apoyo en el diseño e implementación de programas de rehabilitación y reintegración para las víctimas de las minas».
Venezuela por el desminado
Desde los primeros días del mes de abril, el gobierno venezolano inició los trámites para lograr una cooperación con el organismo a fin de erradicar las minas antipersonales detectadas en territorio del estado Apure.
Asimismo, la cancillería dirigió una extensa comunicación con fecha del 05 de abril, a Ilene Cohn, Oficial Encargada del UNMAS; se solicitó asesoramiento para desactivar estos explosivos dejados por los grupos irregulares colombianos.
«Ya estamos en coordinación con las instancias de #ONU con experticia en desactivación de minas antipersonales, para apoyar a nuestra #FANB en el desminado de las zonas fronterizas en las que grupos armados irregulares colombianos han sembrado minas para atentar contra Venezuela»; escribió el canciller Arreaza en su Twitter este jueves 15 de abril.
Ya estamos en coordinación con las instancias de #ONU con experticia en desactivación de minas antipersonales, para apoyar a nuestra #FANB en el desminado de las zonas fronterizas en las que grupos armados irregulares colombianos han sembrado minas para atentar contra Venezuela. https://t.co/rMxrtyQP8E
— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) April 15, 2021
Wilfredo Cañizares, defensor de los derechos humanos en el país vecino y director de la Fundación Progresar en entrevista para RedRadioVe, afirmó que toda la frontera colombiana con Venezuela está en manos de grupos irregulares, por lo que lo acontecido en el Arauca, frontera con poblaciones del estado Apure, es sólo una muestra de lo que se ha ido construyendo a través del tiempo por parte de estructura criminales, todas con intenciones de cruzar a territorio venezolano.
El activista por los DDHH, ilustró la gravedad y el peligro que representa la implantación de minas antipersonales; como parte de esa agresión militar, un drama que en Colombia suma cerca de 13 mil víctimas en los últimos años.
El impacto de las minas
De acuerdo a los estudios de la UNMAS, Las minas terrestres y los restos de explosivos de guerra matan o lesionan a miles de personas cada año. Además de las pérdidas humanas, ocasionan otros perjuicios:
- Cortan caminos, lo que impide a los niños ir a la escuela y a los agricultores trabajar la tierra
- Obstaculizan el desarrollo económico y social.
- Privan a la población de sus medios de subsistencia.
- Dificultan la reconstrucción después de la guerra.
- Bloquean el despliegue seguro del personal de mantenimiento de la paz y la prestación de la ayuda humanitaria.
«Las minas terrestres y las bombas de racimo sin detonar no discriminan, matan por igual a un soldado que a un niño. Y siguen matando mucho tiempo después de que las armas de la guerra hayan callado».
El tratado
El tratado más conocido en el área de la acción contra las minas es el Tratado de Prohibición de Minas Antipersonal de 1997 («Convención de Ottawa»).
Cuando un país se convierte en «Estado parte» del tratado, se compromete a no utilizar, desarrollar, producir, almacenar o transferir minas terrestres antipersonal ni a ayudar a ninguna otra parte a realizar estas actividades; destruir todas las minas terrestres antipersonal almacenadas en un plazo de 4 años; limpiar todas las minas terrestres antipersonal colocadas en un plazo de 10 años; y, cuando esté dentro de sus posibilidades, brindar asistencia para actividades de remoción de minas, sensibilización sobre minas, destrucción de arsenales y actividades de asistencia a sobrevivientes en todo el mundo.
Asimismo, el derecho internacional de los derechos humanos establece los derechos de las personas, incluidas las afectadas por minas; pues estas pueden afectar el ejercicio de una serie de derechos políticos, económicos, sociales, civiles y culturales, incluido el derecho a la vida y a la integridad personal, la libertad de movimiento, el derecho a la alimentación, el derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho a la atención de la salud y el derecho a la educación. 5 de los tratados fundamentales de derechos humanos contienen disposiciones pertinentes en estas áreas.
