El parlamento español aprobó la eutanasia, pero esto aún no significa un alivio para quienes tienen la misión de vida el derecho a morir dignamente.
De acuerdo a los medios locales, la norma deja decisiones relevantes a los gobiernos autonómicos, por lo que en algunas regiones sería más fácil morir por voluntad propia que en otras.
La lay estuvo promovida por el partido socialista y se decidió con 202 votos a favor y 141 en contra. Las oposiciones estuvieron entre los partidos de la derecha, que califican la legislación como la legalización del asesinato.
¿Qué hay que hacer para morir?
Expresa la regulación que para solicitar este derecho, el paciente deberá “sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante” que le cause un “sufrimiento intolerable”.
Al mismo tiempo la persona que apela a morir por voluntad propia deberá dirigir 2 veces en 15 días la solicitud, la cual deberá dejar muy en claro que es “el resultado de ninguna presión externa”.
Para asegurarse que la decisión es un proceso voluntario y bien informado, la ley establece que el paciente debe disponer y estar al tanto “de la información que exista sobre su proceso médico, las diferentes alternativas y posibilidades de actuación, incluida la de acceder a cuidados paliativos integrales comprendidos en la cartera común de servicios y a las prestaciones a que tuviera derecho de conformidad a la normativa de atención a la dependencia”.
La decisión de morir sería una determinación tomada y ejecutada por el mismo paciente, según describe la ley aprobada en España. Esta ley establece la “administración directa al paciente de una sustancia por parte del profesional sanitario competente”; de manera que este “se la pueda auto administrar para causar su propia muerte”.
¿Larga vida a la ley de eutanasia?
Con esta regulación, España se convierte en el quinto país del mundo en donde la eutanasia es legal. Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Canadá son los territorios en donde los pacientes pueden tomar la decisión de cómo morir.
El partido VOX manifestó que llevará la ley ante el tribunal constitucional para resolver su legalidad. Al mismo tiempo revelaron que es una ley amenazada de muerte porque prometieron derogarla si llegan al gobierno.
