En las últimas semanas las estaciones de combustible revelan un problema crucial para Venezuela: la escasez de gasoil o diésel.
Largas filas de camiones, gandolas y autobuses revelan otro gran daño causado por las medidas unilaterales y coercitivas de EE.UU., esas que supuestamente no debían afectar a la población.
El problema en el suministro de diésel plantea un desafío grave: que en poco tiempo estaría en jaque el flujo en el transporte de mercancías.
85% del transporte de alimentos, insumos y medicinas se realiza con vehículos movidos con gasoil; y 70% del transporte público lo hace también con este carburante esencial.
Pero no solo está en problemas la circulación y distribución de mercancías sino también la generación de energía alterna que se hace a través de plantas que funcionarían con diésel.
Esto no solo expone a las comunidades y el disfrute de la energía eléctrica sino también a instalaciones sensibles y esenciales como hospitales, los cuales son el eje de atención de los casos de covid-19.
En el marco de las «sanciones» contra Venezuela, el entonces presidente Trump solo permitía el comercio de diésel con nuestro país a través de un denominado esquema de excepciones con el que un reducido grupo de empresas intercambiaba este combustible por petróleo.
Este mecanismo quedó suprimido en noviembre, el cual durante el primer semestre suministró a nuestro país el volumen equivalente a 1.35 millones de barriles.
El formato de atacar los aspectos sensibles de la vida de los venezolanos ha sido denunciada por las autoridades como un mecanismo de crueldad calculada.
