El Ministerio Público de Venezuela detuvo el pasado 7 de febrero en Caracas, a Katherine María Esté Rodríguez, directora de articulación institucional y política de la Presidencia de PDVSA Gas Comunal. La ciudadana resultó estar implicada en la mafia de corrupción con el gas doméstico que lideraba el expresidente de la mencionada empresa, Jacob Grey, hoy detenido también. La fiscalía novena contra la corrupción en Mérida imputó los delitos de corrupción propia agravada, peculado de uso; lo mismo que concierto de funcionario con contratista, usurpación de funciones y asociación. Así lo detalló el fiscal general de la República, Tarek William Saab, en su conferencia de prensa semanal, este jueves.
Esta mujer es responsable del desvío de gas licuado de petróleo destinado a la distribución entre los sectores más vulnerables de Mérida a empresas privadas que lo comercializan «en divisas y a precios desmedidos».
Saab agregó que Esté Rodríguez, usurpando funciones, movilizó y entregó en COMERSA, que tiene en comodato los vehículos destinados a la distribución del gas en Mérida, 5 cisternas, 2 camiones y un chuto a la empresa de servicios de transporte Lombardo para supuestas operaciones. Luego ordenó al taller de servicios, sin cumplir con protocolos operativos y administrativos, la movilización de estos para trasladar gas desde la fuente primaria hasta plantas privadas. «La carga se facturaba a nombre de Nevado Gas, que vende gas a precio subsidiado». Por cada cisterna llena la funcionaria de esta mafia cobraba mil dólares a cada empresa privada.
Línea de investigación abierta
«El Ministerio Público instruyó a todos los fiscales superiores en todo el territorio nacional a que hagan con la debida discreción las investigaciones en sus respectivos estados. Pudiéramos inferir que así como ha ocurrido en Mérida pudiera estar ocurriendo en Anzoátegui, Zulia, Monagas, Sucre, etc.». «Pudiéramos prever que este caso de Mérida y la mafia denunciada previamente la semana pasada no son hechos aislados», sumó el alto funcionario.
MP inició la investigación porque CorpoMérida reportó irregularidades en el despacho del producto y el empleo irregular de las unidades de transporte.
«Este grupo directivo constituía, sin lugar a dudas, una mafia criminal dedicada a enriquecerse con la comercialización del gas destinado al pueblo. Esto ofende a las comunidades más vulnerables». Ya la investigación deja 5 privados de libertad y la cifra podría aumentar en las próximas horas, advierte Saab.
Estafas con tarjetas: una nueva modalidad
En su rueda de prensa el Fiscal se refirió a una nueva modalidad de estafa con tarjetas de créditos descubierta en enero de este año. Funcionarios de la dirección de investigaciones contra la delincuencia organizada del CICPC identificaron a un ciudadano que captaba a mensajeros de encomiendas DHL para que estos le entregaran las tarjetas de créditos que enviaban bancos extranjeros como Bank of America y Wells Fargo a sus clientes en territorio venezolano, a través de esa empresa de mensajería. Este ciudadano sustraía información y chip inteligentes y los implantaba en tarjetas de bancos nacionales. Un cómplice hacia los consumos. A cambio, a las tarjetas internacionales les ponía un chip dañado y los clientes las devolvían apenas se percataban de que no funcionaban. «No se enteraban de los consumos sino hasta cuando los veían reflejados en estados de cuenta», especifica Saab.
Al ciudadano se lo aprehendió in fraganti en el centro comercial Concresa, en Caracas, cuando un mensajero de DHL le entregaba un sobre con 5 tarjetas. Confesó tener una oficina en Califronia Norte para hacer los cambios en las tarjetas. En el lugar las autoridades hallaron 1.070 tarjetas de diferentes entidades financieras, un dispositivo skinner para robar la información, dos scanner de teléfonos, una estación para soldar y bolsas de DHL.
El estafador
Este hombre responde al nombre de Yoibeth Alexis Mijares, con él fuero aprehendidos dos empleados de DHL. Al primero se le imputaron los delitos de manejo fraudulento de tarjetas inteligentes, posesión de instrumentos para falsificación, fraude electrónico y asociación. A los otros dos manejo fraudulento de tarjetas inteligentes, violación de correspondencia privada por empleado del servicio de correo y asociación. A los tres se les ha dictado medida privativa de libertad.
«La modalidad del delito va variando sin escrúpulos para dañar a sus semejantes (…) Alertamos siempre a la opinión pública a no caer en la trampa de estos delincuentes profesionales».
Agregó que «este Ministerio Público no descansa para en medio de tanta contingencia mantener siempre la bandera en alto de la justicia, no impunidad y sanción de este tipo de delincuentes, cuyo objetivo siempre es dañar a la familia. Cuando actuamos de esta manera es para proteger los derechos humanos, los derechos colectivos».
