En un mundo pospandémico en el cual las economías se vieron retadas a sobrevivir, no todos los países corrieron con la misma suerte; algunos permanecen bloqueados, sancionados o saboteados, otros solo están flotando, pero el caso de europeo, en especial de los españoles, es preocupante. Aquí compartimos un artículo que lo detalla a profundidad.
En medio del complejo escenario económico y social en Europa con multitudinarias protestas por reivindicaciones salariales por parte de las empobrecidas sociedades de España, Francia, Alemania, Italia, Bélgica y otros países del continente; estallidos de quienes no hallan como enfrentar la espiral inflacionaria que ha impulsado ese indicador hasta récords históricos (10,9% en promedio para septiembre pasado), la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (Eapn por sus siglas en inglés: The European Anti-Poverty Network) presentó, el pasado 14 de octubre, su más reciente “informe anual El Estado de la Pobreza… en España y sus comunidades autónomas” y calcula que en 2021 “13,1 millones de personas, es decir, el 27,8 % de la población española, están en riesgo de pobreza y/o exclusión social” casi 1%; lo que se traduce en 380 mil personas más que el año anterior; “continuación de la tendencia ascendente” de la pobreza, mientras otras la “pobreza severa” aumentó “en unas 319.000 personas”, según datos oficiales.
En un apartado que pareciera procurar optimismo, el informe de la Eapn explica que antes de tener los datos oficiales se estimaba que en la nación ibérica; durante el período estudiado, aumentara en 800 mil el número de personas arrojadas a la pobreza, y no en los 319 mil que calculó el dato final, calificando a la cifra oficial como una “muy inferior a la estimada, aunque no por ello menos importante”, esto en comparación con las estimaciones formuladas durante el confinamiento y la paralización económica durante la pandemia mundial por coronavirus.
Sin contar con la guerra
Un punto relevante del informe es, sin lugar a dudas, que el alcance del trabajo respecto al flagelo de la pobreza en esa nación se limita a datos oficiales previos al estallido de la guerra en Ucrania, es decir, el bosquejo crítico propuesto en el estudio no contempla las nuevas afectaciones que impactan negativamente a los europeos en general y a los españoles en particular a raíz de la guerra entre Moscú y Kiev, el efecto bumerang de las medidas restrictivas contra Rusia, especialmente en relación al suministro de energía que debía bombearse desde el país eslavo, el aumento en el gasto militar en detrimento de la inversión social, ni el alza sostenida del Índice de Precios de Consumo (IPC), sino fotografía la que debía ser una etapa de recuperación tras la pandemia por covid-19.
Tampoco tiene en cuenta el consiguiente deterioro de todos los sectores económicos en España y el resto de sus vecinos, ahora que compran gas licuado a EEUU con 50% de sobreprecio, a lo que se suma el encarecimiento por ser un flujo mucho más lento; ya que el gas llega en barcos luego de atravesar el Atlántico, y además debe ser procesado nuevamente para que finalmente pueda llegar a los hogares e industrias, todo esto de cara a un invierno que promete ser especialmente gélido, según plantean los expertos en clima.
La base del 2015
El dato es relevante porque las mejorías que se alcancen en comparación con 2015; siendo un año desastroso para la economía europea, no deben ser motivo de demasiado optimismo y, en contraposición, cualquier aumento de la pobreza respecto a 2015 debe ser motivo de especial alarma. En otras palabras, los ODS se calculan considerando como el año de control al 2015, pináculo de la crisis económica mundial que se decretó en 2008.
En septiembre de 2015 España aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y allí estipula el actual marco de propósitos y prioridades de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), siendo ese mismo año 2015 cuando se registró para el país ibérico la tasa más alta desde que se estableció la Eapn en 1990; es decir que uno de los períodos más dramáticos de empobrecimiento es el que se usa como base de comparación de dicho plan de acción.
Los más empobrecidos
El estudio señala además que en todos los indicadores evaluados las mujeres son las más afectadas, mientras que los hogares con niños, niñas y/o adolescentes enfrentan las mayores dificultades y son más vulnerables los hogares monoparentales de los cuales 54,3 % está en riesgo de pobreza. Al mismo tiempo calcula que los españoles que residen en las provincias más al sur son los más afectados por el indicador de la pobreza.
El informe abunda adicionalmente, en que las regiones del norte de la península ibérica mostraron las tasas más bajas en los indicadores de pobreza y exclusión, siendo Navarra y País Vasco los menos afectados; con el 14,7% y el 16% respectivamente, mientras que comunidades autónomas del sur, como Andalucía y Extremadura presentan las tasas más altas de la problemática, ambas con el 38,7% y advierte como el impacto de “las medidas de contención enmarcadas en el llamado Escudo Social (nombre que da el informe a las acciones del Estado español para proteger a sus ciudadanos)” si bien logró frenar “parte de las consecuencias de la crisis por la covid-19” que afectaron a todo el orbe en 2020 y 2022, permitió un punto de crecimiento del flagelo, es decir esos 319 mil españoles “con ingresos por debajo del 40% de la renta mediana (menos de 530 € al mes) que el año anterior”, por lo que, en términos llanos, este año son cuatro millones 800 mil personas en España (10,3% de la población) la que está por debajo del umbral de la pobreza en el cuarto país más afectado de la Unión Europea, sólo por debajo de Letonia, Rumanía y Bulgaria.
El 44,9% de los españoles indicó que su ingreso mensual apenas le permite satisfacer sus necesidades básicas, mientras una de cada cinco personas (21,6) está al límite mientras 8,3% de los españoles, es decir, tres millones 900 mil personas padecen Privación Material Severa, por lo que no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días, deben mudarse constantemente y les está negado salir de vacaciones.
El informe refiere que «en 2021, el 10,3 % de la población española, unos 4,8 millones de personas, viven en pobreza severa. Es decir, casi la mitad de la población pobre está en esta situación. La cifra es ocho décimas superiores a la del año anterior. Sin embargo, en
combinación con el aumento de población supone unas 372.000 personas más».
Entretanto, la desigualdad en España en 2021 aumentó, esto según los datos que refieren que » la renta del 20% más rico de la población es 6,2 veces más elevada que la del 20% más pobre, lo que supone un aumento de 0,4 puntos respecto al año anterior» y agrega que «la renta agrupada del 10% más rico de la población multiplica por 11,8 la del 10 % más pobre, 1,3 puntos más que el año anterior».
España: el octavo país más pobre de la UE
Otro dato relevante es que, en medio del sombrío panorama que dibuja el informe, hay en Europa al menos otros siete países en peores condiciones que España, estos son Eslovaquia, Portugal, Luxemburgo, Letonia, Países Bajos, Austria, Grecia y Dinamarca. La lista la encabeza Eslovaquia, donde la pobreza aumentó 13,04% en un año. Quienes pasaron este año a sufrir “riesgo de exclusión social» son 879.327 personas, y ahora son 13.176.837 mientras que 2021 fueron 12.297.510.
Otoño caliente
La semana previa al informe, la prensa europea; en especial la española, hablaba de un “otoño caliente” no por el clima; que al contrario se prevé con temperaturas muy bajas, sino por las movilizaciones sindicales y los llamados a huelga por reivindicaciones salariales que se avizoran en medio de la crisis; aunadas a otros reclamos referentes a la inacción ante el cambio climático y el posible empeoramiento de sus efectos adversos que de desprenderían de las opciones que colocaron sobre la mesa los gobiernos para suplir las restricciones a los recursos energéticos rusos que incluirían un devastador retorno al carbón entre otras soluciones mucho más contaminantes que el gas ruso.
Sólo el sábado 15 de octubre, un día después de publicarse el informe, decenas de miles de jubilados españoles se trasladaron hasta la capital, Madrid, para exigir sus pensiones y los salarios de los económicamente activos se revaloricen sobre la base del IPC.
Se trató de una multitudinaria marcha de la que los medios cercanos al Ejecutivo español presentaron impactantes imágenes, pero ese mismo día anunciaron con fanfarrias que la situación se solventaba mediante el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 al que el Consejo de Ministros de ese país daba “luz verde”. Mientras advertían cómo el gasto en pensiones que proponía el Gobierno de Sánchez era 700% mayor a la suma de todo el dinero previsto para Defensa, Exteriores, Justicia e Interior en el país y además los fondos para las prestaciones son mucho mayores al costo de mantenimiento de los servicios públicos básico.
Pero sólo tres días después, en el Congreso de los Diputados, Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, ponía peros a la medida, y en sus estimaciones detalló que el gasto que supondría la subida de las pensiones que plantea el Gobierno se traduce en 15.300 millones de euros adicionales en el presupuesto de 2023, esto en caso de cumplirse las optimistas predicciones de 8,5% de incremento inflacionario para el venidero año.
En vez de cumplir la promesa recién hecha por el Gobierno de Sánchez, Hernández de Cos propuso a los parlamentarios evitar clausulas que indexen automáticamente las pensiones a la inflación y propuso que se modifiquen al alza sólo las pensiones más bajas, mientras que el peso de la crisis sea trasladado al resto de los jubilados “Hay una pérdida de bienestar y lo único que podemos hacer es repartir el coste”, dijo.
El otoño caliente francés. La ola de protestas y huelgas de quienes enfrentan la adversidad de una economía que parece desmoronarse en un continente que se jacta de un pacto social que garantiza bienestar para los suyos, no es ni de lejos exclusiva de los españoles. Una de las más llamativas expresiones de descontento está en la huelga intersindical francesa que se fortalece luego de las paralizaciones en refinerías de combustible y centrales nucleares de ese país.
Eric Sellini, coordinador de la Confederación General del Trabajo en el país galo, organización señalada como el sindicato de la línea más dura del grupo petrolero en conflicto, aseguró que se pliegan a la huelga tres de las siete refinerías que proveen de gasolina en Francia, así como cinco grandes depósitos de combustible de la trasnacional petrolera TotalEnergies.
A ese panorama se suma la movilización impulsada desde la izquierda gala representada en La Francia Insumisa del excandidato presidencial (que quedó en tercer lugar en la más reciente elección en Francia) Jean-Luc Mélenchon, que llama a movilizar todas las fuerzas para salir del actual Gobierno en ese país del presidente Emmanuel Macron.
Además, ahora se suma a los movimientos parlamentarios por parte de Melenchon para censurar a Macron, una inesperada coincidencia de objetivos con la extrema derecha de Agrupación Nacional, liderada por la excandidata ultraconservadora Marine Le Pen, (segunda en la carrera presidencial de este año).
Entretanto en Alemania
Hace dos semanas, miles atendieron al llamado del partido Alternativa para Alemania (AFD por sus siglas en alemán) y bajo la consigna «Seguridad energética y protección contra la inflación -nuestro país primero», marcharon por las calles berlinesas.
El Gobierno alemán de Olaf Schulz destacó entonces el carácter ultraderechista del AFD para restar importancia a las miles de voces que repudian su gestión, y no al hecho de que la tasa de variación anual del IPC en Alemania en septiembre llegó a 10%; 2,1 puntos por encima de la de agosto. Las perspectivas menos alentadoras para la nación germana hablan de revueltas sociales e inestabilidad política en el país que corre el riesgo de un colapso industrial, al menos parcial, por la falta del gas ruso, lo que impulsaría mayor desempleo y desabastecimiento.
Los belgas. A la ola de protesta en Europa, se sumaron también unos 10.000 belgas vestidos de verde, azul y rojo; colores de los tres principales sindicatos de ese país, quienes exigieron poner coto al incremento desmesurado en el precio de los alimentos y en las facturas de energía, responsabilizando a los políticos y empresarios, expresando hartazgo y exigiendo a los políticos locales, nacionales y europeos actuar.
Los italianos
Ese escenario de protestas contra el empobrecimiento de los europeos tiene como factor común el repudio hacia los gobiernos, que bajo el pretexto de estar adscritos a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan), se involucran en la guerra entre Kiev y Moscú deteriorando la calidad de vida de sus ciudadanos en momentos en los que debían intentar recuperarse de la crisis que dejó la covid-19, manifiesto sin bemoles en Roma, Italia, el domingo 16 de octubre, cuando miles de manifestantes protestaron, como en el caso de sus vecinos continentales, contra el alto costo de la vida.
También en contra de que su país forme parte de la Otan, la Unión Sindical de Base (USB por sus siglas en italiano; Unione Sindacale di Base), organizó las movilizaciones en las que se quemaron facturas de energía que deben pagar los ciudadanos y exigían al Gobierno del país mediterráneo abandonar la unión atlántica y así la guerra que, aseguran, no les compete, ya en junio hubo otra marcha masiva para pedir el divorcio con la Otan y el detener el suministro de armas a Ucrania.
Reino Unido
Quizá los británicos, a pesar de que su país ya no es parte de la Unión Europea y no depende de la energía rusa, están entre los más afectados por la crisis, siendo que en ese país, en medio de la conferencia anual, en Brighton, del Federación de sindicatos británicos (TUC por sus siglas en inglés), Mark Serwotka, líder del sindicato de Servicios Públicos y Comerciales (PCS por sus siglas en ingles) que reúne alrededor de 195 mil trabajadores; de ellos 150 mil funcionarios públicos, así como los trabajadores del sector privado contratados por el gobierno, aseguró que están dispuestos a la huelga en noviembre si los demás trabajadores votaban por ese paro de actividades y movilización de protesta en las calles.
«Si ganamos estas votaciones, estamos dispuestos a actuar el mismo día que cualquier otro sindicato para demostrar al gobierno que estamos en huelga juntos», dijo, esto a sólo un día de la dimisión de la primera ministra de ese país, Liz Truss, electa tras la renuncia, en medio de escándalos, del expremier Boris Johnson y que ahora es sucedida por Rishi Sunak, el exministro de Johnson que inició, con su renuncia, la crisis de los tories, es decir, el Partido Conservador de Reino Unido; por ahora en el poder.
Serwotka aseguró que el PCS y toda la TUC están dispuestas a mantener la presión antigubernamental en medio de la crisis política tras la segunda renuncia de un jefe de Estado en sólo 45 días y habló de la eficacia del plan si trabajadores viales, ferroviarios y agentes de policía de fronteras se unen a la marcha de los trabajadores aeroportuarios, causando así “el máximo trastorno” de cara a un invierno de huelgas coordinadas para aumentar su eficacia e intentar ganar los conflictos salariales para enfrentar la inflación que ya alcanzó 10 puntos.
La TUC publicó una encuesta de regresión multinivel y post-estratificación aplicada a más de 10 mil personas, de las cuales una de cada siete dijo que no puede comer tres veces al día; en casi 50 localidades uno de cada cinco súbditos de Carlos III pasa hambre y más de 50% de los hogares británicos redujo el gasto en calefacción, agua caliente y electricidad, como se los había pedido Johnson antes de renunciar acusado de hacer fiestas en su residencia en medio del confinamiento por la coid-19.
En contexto, la crisis en Reino Unido hizo que Truss; señalada de tomar, en sus 45 días de mandato, decisiones que devaluaron aún más a la vapuleada libra esterlina, renunció al cargo en medio de las presiones desde el propio Partido Conservador, tolda a la que, vale destacar, la renuncia de Truss inyectó oxígeno para seguir evadiendo los llamados multitudinarios, en medio de las huelgas y movilizaciones, para celebrar una nueva elección general.
Comicios que según estimaciones dejaría a los tories fuera de la codiciada casa número 10 de Downing Street; residencia oficial y oficina de trabajo del primer lord del Tesoro y del primer ministro del Reino Unido.
Llamó la atención como la insinuación una posible candidatura de Johnson; antecesor de Truss, para volver a Downing Street tras escándalos por las fiestas que celebró en la residencia de mandatarios en pleno confinamiento, mientras el resto del país padecía por la covid.19, causó un inmediato repudio en varios sectores y el domingo 23 de octubre anunció que no competiría, dejando el camino libre a Sunak.
Agencias.
