El gobierno del presidente colombiano Iván Duque, se lavó las manos en torno al caso de la nueva política de «deportación» que implementó la administración de Joe Biden. Mediante esta medida la cual fueron expulsados venezolanos y venezolanas hacia el territorio de la República de Colombia.
De esa manera lo hizo saber la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien negó que su país haya firmado algún tipo de convenio con las autoridades de la Casa Blanca; para ejecutar de manera conjunta los procedimientos de traslado de ciudadanos y ciudadanas desde territorio estadounidense.
“Colombia no ha firmado ningún acuerdo con Estados Unidos para traer 6 mil venezolanos deportados”. Así lo dijo la alta funcionaria del gobierno de Duque, según reseñó la agencia de noticias EFE de España.
La semana pasada, el gobierno de Estados Unidos expulsó a las primeras 2 personas bajo esta política; luego de que entraron por la frontera con México. Dicha medida, contempla devolver a Colombia a ciudadanos que hayan estado previamente en ese territorio.
Por otra parte, la agencia de noticias también citó que la vicepresidenta colombiana manifestó que si esas personas “están bajo el estatuto de protección pero no quieren vivir más en Colombia; no tiene sentido que los deporten. Porque no los podemos obligar a vivir en nuestro país”.
¿Quién miente?
Luego de que el gobierno estadounidense comenzó a enviar migrantes de nacionalidad venezolana hacia Colombia; muchos medios afirmaron que todo el procedimiento formaba parte de un pacto entre ambos países.
No obstante, la vicepresidenta y canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, fue enfática al manifestar que no es cierto que haya suscrito ningún acuerdo con Estados Unidos. Con esta declaración se desmarcó del proceso que adelanta la administración Biden.
También se pudo conocer que la funcionaria sí admitió la intención que el gobierno de Estados Unidos planteó de enviar personas bajo deportación; a lo cual respondió que los recibirán si se trata de colombianos y colombianas. Pero agregó que someterán a revisión los casos de ciudadanos venezolanos expulsados.
