Con la ratificación de la denuncia contra casos graves de corrupción, robo y desviación de recursos en torno a la empresa CITGO, propiedad de Venezuela con sede en Estados Unidos, el vicepresidente de Economía, Tareck El Aissami, insistió en la determinación del gobierno nacional para recuperar los activos que pertenecen al pueblo.
Es por ello que mencionó la situación a la que han llevado a la Fundación Simón Bolívar, creada pasa asistir a las familias de Venezuela cual recibía fondos directamente de CITGO; por lo que luego del despojo de la empresa, miles de personas quedaron a la deriva, a la espera de tratamientos médicos especializados.
“Juan Guaidó ‘designó’ a Mariela Poleo como presidenta y se apropiaron de millones de dólares que eran destinados para la atención de pacientes venezolanos en el extranjero. De allí, hemos salvado cientos de vidas. Y desafortunadamente, también han fallecido compatriotas, producto de este acto criminal de robo del guaidosismo y la extrema derecha”.
El ministro El Aissami también señaló que hasta el año 2018, la Fundación Simón Bolívar, creada en 2006, había atendido a 3.300 pacientes, quedaron pendientes sin atención médicas 880 pacientes de enfermedades crónicas y 60 a la espera de trasplantes.
Que se haga justicia
El Aissami expresó que están abiertas las investigaciones debido a que esos fondos los utilizan como una caja chica; para los familiares de Juan Guaidó, Carlos Vecchio, Julio Borges y otros ladrones. “Esta plata la despilfarran y la gastan en viajes, lujosos hoteles, bebidas: un desastre total”, añadió.
Asimismo, recordó que esos dirigentes de la ultraderecha, además de Capriles Radonski y Leopoldo López; son los responsables de las sanciones que hoy padece la mayoría del pueblo venezolano. “Pero ahora salen a lavarse la cara y a decir que no tienen nada que ver”, puntualizó.
Mencionó como prófugos de la justicia venezolana, protegidos en Estados Unidos a la supuesta directiva actual de la compañía. Entre ellos, Luis Pacheco, Claudio Martínez, León Miura, María Lizardo, Julián Cárdenas y Alejandro Grissanti.
“Todos ellos están siendo enjuiciados por usurpación de funciones y han venido devastando; destruyendo, desviando y robando los fondos de nuestra poderosa CITGO. Denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional esta operación ilegítima; contraria al orden internacional y violatoria de todo tipo de ordenamiento jurídico interno”, dijo el ministro.
Tareck El Aissami citó también el caso de la empresa Monómeros Colombo Venezolanos, ubicada en Barranquilla y cuya capacidad alcanza las 935 mil toneladas al año, para producir insumos fertilizantes vitales para la industria agrícola y alimentaria.
“Muy pronto veremos resultados a favor de la justicia; nosotros invocamos al derecho internacional”, señaló al repudiar el robo contra esta firma, hecho que perpetró la ultraderecha venezolana en complicidad con los gobiernos actuales de Estados Unidos y Colombia.