El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela alzó su voz para denunciar una grave agresión del imperialismo estadounidense. El pasado 12 de septiembre, un destructor de la Armada de Estados Unidos interceptó ilegalmente al buque pesquero “Carmen Rosa” en la Zona Económica Exclusiva venezolana, y de manera arbitraria privó de libertad a sus nueve tripulantes. Este acto, según las autoridades venezolanas, representa una clara violación del derecho internacional y un atentado directo contra los derechos humanos de estos humildes pescadores.
La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, expresó la contundencia de esta denuncia en un comunicado oficial, calificando la acción como desproporcionada. El USS Jason Dunham (DDG-109), un destructor equipado con misiles de crucero y artillería pesada, desplegó dieciocho militares armados para abordar la embarcación atunera. A pesar de que el «Carmen Rosa» realizaba una faena legalmente autorizada, los militares estadounidenses mantuvieron retenidos a los tripulantes durante ocho horas, bloqueando la comunicación y violando sus derechos.
«El uso de un buque misilístico contra una embarcación pesquera civil es un acto hostil e injustificable», sentenció el comunicado. Por lo tanto, el Gobierno venezolano enfatizó que esta agresión no es un hecho aislado, sino que forma parte de una estrategia de guerra híbrida contra la nación.
Una maniobra para sostener falsas acusaciones
El Ejecutivo venezolano señaló que esta agresión busca sostener la falsa matriz de la «lucha contra el narcotráfico» y vincular a Venezuela con este flagelo de forma ilegal. Así, en respuesta a este acto de piratería moderna, Venezuela denunció el incidente ante siete organismos internacionales especializados en pesca comercial, incluyendo la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Las autoridades venezolanas exigen una condena global contra lo que consideran un acto de agresión sin precedentes.
«Venezuela no aceptará que se obstaculice su actividad productiva ni su desarrollo económico mediante operaciones arbitrarias y contrarias a derecho», enfatizó el comunicado, subrayando la importancia de proteger la soberanía económica del país.
El Gobierno recordó que Venezuela posee una sólida trayectoria en la pesca artesanal e industrial en el Mar Caribe y que esta actividad es una parte fundamental de la soberanía alimentaria de la nación.
En la denuncia oficial, Venezuela reiteró que el ataque estadounidense es una parte de la estrategia de guerra híbrida contra la nación bolivariana. De hecho, las autoridades venezolanas han solicitado un firme pronunciamiento de condena contra este acto de hostilidad, que vulnera los derechos de sus ciudadanos. La vicepresidenta Delcy Rodríguez afirmó que Venezuela continuará defendiendo su soberanía frente a cualquier agresión extranjera, y que este incidente refuerza su compromiso con la protección de su pueblo.
El Gobierno venezolano ratificó su compromiso de defender a sus ciudadanos y su economía, y exigió una respuesta contundente de la comunidad internacional. En consecuencia, el país seguirá trabajando para garantizar la seguridad y la libertad de sus pescadores, asegurando que actos como este no queden impunes.
