El canciller de la República, Yván Gil, denunció ante las Naciones Unidas el inminente riesgo de que la compañía filial de Pdvsa, Citgo, sea subastada por un Tribunal de Delaware en Estados Unidos.
Durante su intervención en la 89ª sesión plenaria del 78º período de sesiones de la ONU, Gil alertó el intento de despojar ilegalmente a Venezuela de Citgo, para beneficiar a corporaciones estadounidenses y canadienses.
En ese sentido, explicó que actualmente hay una operación de guerra jurídica o lawfare por parte de un tribunal de Delaware, auspiciada por funcionarios estadounidenses y representantes de la extrema derecha venezolana.
“Denunciamos el intento de despojar al país de Citgo propiedad de PDVSA, la cual se encuentra bloqueada desde 2019 (…) se trata de uno de los principales activos de Venezuela”, dijo en su discurso.
Cabe destacar, que representantes de la oposición venezolana y funcionarios estadounidenses acordaron la subasta de Citgo para el próximo 15 de julio.
En su intervención, el ministro de Relaciones Exteriores venezolano exigió nuevamente el levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por EE.UU. contra 30 países, entre ellos Venezuela.
“Más de 30 países están sujetos a medidas coercitivas que afectan la vida cotidiana de la humanidad. Erosionan el multilateralismo y aumentan la desconfianza y aumentan las tensiones en todo el mundo”, condenó el canciller.
Con respecto a las sanciones impuestas contra Venezuela, Gil precisó que se generaron gracias a un trabajo conjunto entre el Gobierno estadounidense y la oposición.
Añadió que las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela provocaron dolor y sufrimiento a toda la población. Sin embargo, para contrarrestarlas el presidente de la República Nicolás Maduro ha intentado mantener los beneficios sociales.
“El pueblo venezolano ha demostrado que su dignidad no tiene precio y con esfuerzo propio la nación ha realizado un gran crecimiento económico en este último tiempo”, afirmó Yván Gil.
Puntualizó que las medidas coercitivas unilaterales no tienen cabida en el marco del derecho internacional, ya que son ilegales.
Gil reprochó que los Gobiernos que imponen estas sanciones tratan de presentar ante el mundo una falsa narrativa para confundir a la comunidad internacional, para legitimar políticas ilegales.
Por último, instó a los Estados a abstenerse de reconocer y aplicar las medidas coercitivas unilaterales como medio político, a fin de ejercer presión sobre otros Gobiernos.