Venezolanos están a favor de juzgar a quienes pidan sanciones

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Un 63% de los venezolanos está a favor de que juzguen e investiguen a los dirigentes que pidieron sanciones contra el país, así lo reveló una encuesta realizada por Hinterlaces.

En un estudio llevado a cabo por la encuestadora Hinterlaces en el mes de octubre, indicó que la mayoría de los venezolanos se mostró de acuerdo con dar un castigo legal a quienes pidieron sanciones, bloqueos y promovieron el robo de las riquezas de la nación.

Los entrevistados respondieron a la siguiente pregunta: “Deben ser juzgados por traición a la patria, los dirigentes políticos que pidieron sanciones contra el país, bloqueos y congelamiento de los recursos de Venezuela en el exterior?”.

Al respecto, un 63% de los consultados dijo que “sí deben ser juzgados”, un 27% que “no deben ser juzgados” y un 10% «no sabe o no respondió».

La encuesta nacional de Hinterlaces la realizaron a 1.200 personas en hogares de todo el país, 18% de los estratos A, B y C y 82% de los estratos D y E.

Asimismo, el 85% de los encuestados afirmó que estar de acuerdo con enjuiciar por traición a la patria a quienes han pedido una invasión militar extranjera contra Venezuela para derrocar al presidente Nicolás Maduro.

El pasado 21 de noviembre, la Asamblea Nacional (AN) aprobó en primera discusión el Proyecto de Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y por la Defensa de la República Bolivariana de Venezuela.

La ley Orgánica Libertador Simón Bolívar plantea la inhabilitación por el doble de la máxima pena para quienes se alíen con agentes extranjeros para imponer sanciones al país.

Además, establece que quienes nunca han ocupado cargos públicos o no tengan un cargo de elección popular y se sumen a los ataques de potencias extranjeras queden inhabilitadas por “30 años, 40 años, 50 años, en concordancia con el delito que hayan cometido para que no puedan ejercer ningún cargo público”.

A su vez, las personas que cometan los delitos de manera dolosa y no se quieran someter al proceso, el pueblo venezolano invocando los derechos de protección de las víctimas de las medidas coercitivas unilaterales, los juzgará y condenará en ausencia.

 

 


 

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