El Tribunal General de la Unión Europea (UE) ratificó su postura contra Venezuela tras rechazar un recurso interpuesto sobre las sanciones impuestas contra el país en 2017, a través del Reglamento 2017/2063.
Venezuela alegó ante la UE que el país tiene derecho a que se escuchen sus argumentos antes de imponer sanciones. Sin embargo, el Tribunal rechazó las medidas, porque a su juicio eso equivaldría a que el Consejo mantuviese negociaciones internacionales con la nación.
Añadieron que con esas conversaciones se perdería el objetivo de las sanciones, que es ejercer presión sobre la nación; «con el fin de provocar un cambio en su comportamiento».
Las sanciones de la UE contra Venezuela prohíben vender, suministrar, transferir o exportar servicios relacionados con equipos militares.
Asimismo, las autoridades nacionales recurrieron en febrero de 2018 al Tribunal General de la UE. Sin embargo, inadmitieron en septiembre de 2019 al considerar que las medidas no afectaban directamente a la situación jurídica de Venezuela.
Luego el país recurrió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), pero en junio de 2021 anuló parte de la resolución del TGUE y le devolvió el caso de nuevo.
Las sanciones impuestas por la UE contra Venezuela han afectado las relaciones económicas y financieras con empresas europeas, lo que ha provocado pérdidas millonarias en transacciones comerciales. Además, ha obstaculizado el crecimiento comercial de la nación.
Incluso, recientemente se conoció que dos empresas europeas Eni y Repsol querían ampliar su acuerdo con Venezuela para mejorar sus operaciones petroleras en el país. Sin embargo, para esto necesitan la aprobación, ya que las sanciones impiden este tipo de transacciones.
