Tras el escándalo que ocasionó la Ley del Enemigo Extranjero aprobada por el presidente de los EE.UU. Donald Trump, en la que se deportó a más de 200 venezolanos acusándolos de pertenecer a una organización criminal sin tener prueba alguna y que además el juez James Boasberg emitió una orden para paralizar las deportaciones sin proceso legal de inmigrantes, ahora el mandatario estadounidense pidió el martes su destitución.
En respuesta, el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Roberts, reprendió el martes al mandatario por insinuar que la destitución de un juez es la forma adecuada de resolver una disputa judicial.
Recordemos que el pasado lunes, el juez de distrito James Boasberg dictaminó que los abogados del Departamento de Justicia deben responder a las preguntas sobre los vuelos de deportación a El Salvador que fueron posibles gracias a que Trump invocó una ley de 1798 diseñada para su uso solo en tiempos de guerra.
The Trump admin. responds to Judge Boasberg, saying 2 flights with Venezuelan deportees expelled under the Alien Enemies Act departed before Boasberg issued his order.
A 3rd flight took off after, but the admin. says it included regular deportees processed under immigration law. pic.twitter.com/T9wZiG1qsh
— Camilo Montoya-Galvez (@camiloreports) March 18, 2025
Respuesta de Trump
Ante esto, el presidente Trump lo tildó de “lunático de la izquierda radical” y pidió su cabeza, además de afirmar que su Gobierno simplemente está siguiendo el mandato de los votantes que lo eligieron en noviembre.
Desde su red social TruthSocial publicó el siguiente mensaje “Este juez lunático de la izquierda radical, un alborotador y agitador que lo designaron tristemente por (el expresidente estadounidense) Barack Hussein Obama, no lo eligieron presidente. No SE IMPUSO en el VOTO popular (¡por mucho!), no SE IMPUSO EN LOS SIETE ESTADOS BISAGRA, no SE IMPUSO en 2.750 contra 525 condados, ¡NO GANÓ NADA!”.
Por último, uno de los abogados que representa a cinco de los venezolanos deportados ha advertido sobre la “crisis constitucional” que plantea el caso, mientras distintos miembros del Gobierno Trump insisten en condenar públicamente a los jueces que bloquean las medidas del Gobierno, cuestionando la separación de poderes en Estados Unidos.
