La defensa de Julian Assange reveló este viernes que el presidente Trump habría ofrecido en 2017 no extraditar a su cliente a cambio de que delatara a quienes hackearon los correos del Comité Nacional Demócrata en 2016.
De acuerdo a esta versión, la petición ocurrió en agosto de 2017 a través del congresista republicano Dana Rohrabacher; quien viajó hasta la capital británica para ofrecer al fundador de Wikileaks este supuesto trato “mutuamente beneficioso”.
La abogada de Assange, Jennifer Robinson comentó que el emisario de Trump viajó hasta Londres en 2017 para hablar con su cliente sobre “lo que podría ser necesario para sacarlo».
Según le habría ofrecido a Assange un indulto y seguir adelante con su vida sin temor de que se le fuera a extraditar a los EE.UU. si revelaba la identidad de sus fuentes, un trato que el activista de la información rechazó.
¿De qué acusan a Assange?
En el juicio de extradición a EE.UU. del fundador de Wikileaks, Julian Assange, Washington le acusa de espionaje; y de revelar documentos secretos del país sobre la guerra en Irak y Afganistán.
La defensa del activista por la información solicitará la nulidad de la extradición argumentando que su cliente no cometió delito al divulgar información que revela la violación de los DD.HH. por parte del gobierno estadounidense en esos países.
Assange se enfrenta a una condena de 175 años por la publicación de documentos que revelan crímenes de guerra cometidos por los Estados Unidos.
Persecución política
Para sus abogados y seguidores, la acusación contra el fundador de Wikileaks es un proceso político que podría sentar un precedente nefasto para la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo.
El juicio sería un capricho del gobierno de Trump, que se atrevió a hacer lo que la administración de Obama no pudo: separar la responsabilidad de Assange de una serie de publicaciones en la que colaboraron también The New York Times, The Guardian, Der Spiegel, Le Monde y muchos más.
Para los expertos legales que siguen este caso, EE.UU. vulnera la libertad de prensa y el ejercicio del periodismo; pero de acuerdo a las razones de la fiscalía estadounidense, estos derechos constitucionales no aplican para Assange, quien es extranjero.
