El Gobierno del presidente Donald Trump puso fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 260 mil venezolanos, una medida que expira el 10 de septiembre de 2025. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la decisión, la cual deja a miles de inmigrantes venezolanos al borde de la deportación.
Este movimiento revierte una política implementada por la administración del expresidente Joe Biden, y marca un cambio significativo en la postura migratoria de Estados Unidos. La finalización de este estatus, otorgado en 2021, generó una ola de incertidumbre y preocupación entre la comunidad venezolana en el país y defensores de los derechos de los inmigrantes.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, declaró oficialmente que la administración actual no extenderá esta protección. La medida, que entrará en vigor 60 días después de su publicación en el Registro Federal, afecta a aproximadamente 250,000 venezolanos que dependen de este estatus para vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. La decisión fue justificada con argumentos de seguridad nacional y control migratorio. Esta postura busca fortalecer la frontera sur y gestionar la inmigración de manera más estricta.
La administración Trump justifica la decisión
El portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, Matthew Tragesser, explicó que mantener o extender el TPS para los ciudadanos venezolanos va «en contra del interés nacional». Según Tragesser, esta política crea un «efecto imán» que impulsa la migración irregular, lo cual socava los esfuerzos del gobierno de Trump para asegurar la frontera. Como resultado, se considera que permitir que estos ciudadanos permanezcan en el país no beneficia a la seguridad pública, la seguridad nacional, o la economía. Este razonamiento ignora las condiciones de crisis económica y política que llevaron a la migración masiva de venezolanos, pero el DHS se mantiene firme en su postura.
La agencia de inmigración invitó a los venezolanos que deseen dejar el país a utilizar la aplicación CBP Home. Este programa, una forma segura de autodeportación, incluye un pasaje de avión, un bono de salida de $1,000, y posibles oportunidades futuras de inmigración legal. Sin embargo, críticos señalan que esta opción es una forma de presionar a los migrantes para que abandonen el país voluntariamente sin un debido proceso. La medida ha generado un debate considerable sobre la moralidad y la ética de las políticas migratorias.
Este anuncio llega después de una reciente decisión judicial que bloqueó un intento anterior del gobierno de Trump para finalizar el TPS. El 29 de agosto, una corte federal de apelaciones mantuvo las protecciones migratorias para 600,000 inmigrantes, incluyendo a los venezolanos, mientras el caso continúa en los tribunales. Este fallo brindó un respiro temporal a miles de personas que enfrentaban la expiración de sus permisos de trabajo y residencia.
La cancelación del TPS para los venezolanos representa una seria amenaza para sus vidas. Al perder su estatus legal, muchos enfrentan la deportación a un país en crisis humanitaria, económica y política. La decisión del DHS afecta a individuos y familias. También impacta comunidades y la estabilidad regional. Esta incertidumbre recuerda la fragilidad de las políticas migratorias y su impacto en miles de vidas.
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