El escenario político internacional dio un giro drástico la noche de este martes. A través de su red social Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció de forma unilateral la compra de millones de barriles de petróleo venezolano, una medida que sacude los cimientos del mercado energético global y la diplomacia regional.
Según el mensaje del mandatario, el Gobierno de Venezuela «entregará entre 30 y 50 MILLONES de barriles de petróleo sancionado de alta calidad a los Estados Unidos de América». Esta decisión genera una contradicción inmediata en la política exterior estadounidense. El crudo en cuestión permanece bloqueado actualmente por las propias medidas coercitivas unilaterales que Washington impuso contra el país suramericano. No obstante, Trump ignora estas restricciones previas para priorizar el abastecimiento energético de su nación.
Además de anunciar la transacción, el mandatario estadounidense estableció condiciones específicas sobre el destino de los fondos. Trump argumentó que los ingresos de esta venta servirán para un supuesto beneficio de los pueblos de Venezuela y Estados Unidos. Sin embargo, aclaró con firmeza que él mismo administrará los ingresos derivados de dicho intercambio energético.
Es fundamental destacar el contexto en el que surge este anuncio. La declaración ocurre tras la agresión militar y el secuestro ilegal del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, acción que comandos del ejército estadounidense perpetraron el pasado 3 de enero.
Respuesta del Gobierno Bolivariano
Por su parte, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, fijó una postura clara este martes. La funcionaria reiteró el compromiso inquebrantable del Gobierno Bolivariano con la paz, la soberanía nacional y la pronta liberación del presidente Maduro y la primera combatiente.
“Cese el acoso a Venezuela, cese la agresión al pueblo de Bolívar”, declaró Rodríguez con contundencia.
Asimismo, la presidenta encargada enfatizó que la estructura estatal venezolana permanece intacta. “Juré no dar descanso hasta que nuestra patria esté consolidada por un camino de paz”, añadió, asegurando que existe un gobierno constitucional y que en el país “gobierna el pueblo”.
Mientras tanto, la comunidad internacional observa con alarma estos acontecimientos. Diversos organismos internacionales y juristas de renombre señalan que la acción militar de Estados Unidos viola flagrantemente el orden jurídico internacional. Los expertos sostienen que estas acciones vulneran la Carta de las Naciones Unidas, el principio de no intervención, el derecho internacional humanitario y los derechos humanos fundamentales.
Por añadidura, la decisión de ejecutar esta compra de hidrocarburos bajo un esquema de administración externa representa un desafío sin precedentes a las normas del comercio global y la autodeterminación de los pueblos.
