Las medidas de confinamiento necesarias para detener la propagación del Covid-19 han resultado un verdadero calvario para la población pobre de los países con pocas o nulas políticas de protección social, como es el caso de Colombia.
Con 3.977 contagios y 189 muertos, el gobierno de Iván Duque ha decidido extender la cuarentena hasta 11 de Mayo, decisión que no ha venido acompañada de ningún paliativo a los sectores marginados de la economía de ese país, que según información del Banco Mundial, figura entre los primeros 10 más desiguales mundo.
Esta situación de desamparo ha traído como consecuencia, varios focos de protestas e intentos de saqueo en todo el territorio colombiano. Pero en sectores como en Soacha, municipio cercano a la capital Bogotá, se desarrolló una acción mucho más particular: La protesta de los trapos rojos.
La acción fue en principio una iniciativa del alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, quien invitó a los vecinos con necesidades de alimentación a mostrar una señal de alarma desde sus ventanas; con la idea de priorizar la entrega de alimentos en esa localidad, donados en su mayoría por empresarios, comerciantes y artistas.
Saldarriaga| «El trapo rojo no solo nos sirve a nosotros para ubicar el hambre, sino también a los vecinos para generar solidaridad entre ellos«.
El pedido de auxilio de los “trapos rojos” trascendió y se ha convertido en un símbolo de protesta que se ha extendido en varias zonas del país, donde los vecinos han apelado a la solidaridad ante la incapacidad de las estructuras del Estado para dar respuesta a sus necesidades.
Esta realidad que refleja la desigualdad reinante en la tierra neogranadina, forma parte de la agenda de los movimientos sociales que promovieron los diversos llamados a paro del año 2019 y principio de 2020. Agenda que se mantiene y que reclama transformaciones en el funcionamiento del Estado de cara a la necesidad de las mayorías.
