Una nueva agresión se produjo este viernes desde Estados Unidos contra Venezuela; luego de que el Departamento del Tesoro, impusiera medidas coercitivas contra la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Indira Alfonzo; el presidente de la Asamblea Nacional, Luis Parra, el procurador general de la República, Reinaldo Muñoz, y también sancionó al exdiputado David de Lima Salas.
Con los mismos argumentos fútiles que ha levantado desde 2015 cuando inició el proceso de sanciones sistemáticas; EE.UU. arremete contra la institucionalidad venezolana.
Estas sanciones se dan horas después de que el Departamento de Estado emitiera un comunicado advirtiendo que no reconocerán los resultados de las elecciones parlamentarias.
La administración de Donald Trump, preocupada por su improbable reelección según las encuestas, sancionó ilegalmente a más funcionarios y sigue empeñada en torpedear la estabilidad y la paz de Venezuela.
#URGENTE | Departamento del Tesoro de EE.UU. impuso sanciones a cuatro altos funcionarios venezolanos este viernes, entre los que se encuentra el presidente de la Asamblea Nacional (AN). Luis Parra, y el rectora principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Indira Alfonso. pic.twitter.com/8fDqT0WqNN
— REDRADIOVE (@RedRadioVe) September 4, 2020
Víctimas del imperialismo
Indira Alfonzo asumió la Presidencia del CNE desde el 12 de junio, luego de la designación de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
El máximo tribunal por quinta vez en los últimos 15 años debió aplicar el artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para atender la omisión legislativa porque las dos terceras partes de la Asamblea Nacional no lograron consenso.
El parlamentario Luis Parra fue designado por la mayoría de los diputados de la Asamblea Nacional como presidente de la junta directiva para este 2020.
Además ha sido uno de los detractores de la gestión de Juan Guaidó frente a la oposición por los hechos ilícitos y la corrupción impulsada.
El procurador Reinaldo Muñoz ha sido uno de los defensores de los recursos del país ante las conspiraciones que EE.UU. y Guaidó han tejido para apoderarse de empresas como Citgo y Monómeros, entre otras, además de las reservas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra, por un orden de más de mil millones de dólares.
