Un grupo de 26 senadores estadounidenses, entre ellos destacados demócratas e independientes como Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Tim Kaine y Cory Booker, enviaron una carta formal al presidente Donald J. Trump, exigiendo respuestas urgentes sobre un polémico ataque militar en el Mar Caribe.
El pasado 2 de septiembre, fuerzas estadounidenses destruyeron una embarcación, provocando la muerte de 11 personas a bordo. Los legisladores expresaron una profunda preocupación por la falta de transparencia y la aparente ilegalidad de la operación.
La Casa Blanca justificó la acción, diciendo que los ocupantes del barco representaban una amenaza para la seguridad nacional con presuntos vínculos criminales. Sin embargo, los senadores denuncian la ausencia de evidencia concreta para justificar el uso de fuerza letal y señalaron que el Ejecutivo no obtuvo autorización del Congreso ni contó con una base legal clara.
La carta, fechada el 10 de septiembre, pone en tela de juicio la legalidad de la operación. Además, los legisladores acusan al Ejecutivo de ignorar el rol constitucional del Congreso, el cual tiene la autoridad exclusiva para declarar la guerra y aprobar el uso de fuerza militar.
El informe de Poderes de Guerra, presentado el 4 de septiembre, también recibió fuertes críticas. Los senadores lo describieron como vago, sin fundamentos jurídicos sólidos y abierto a interpretaciones peligrosas que podrían permitir futuras acciones militares sin supervisión legislativa. Por lo tanto, advierten que el ataque podría violar el derecho internacional, ya que se trató de una operación letal contra civiles fuera del territorio estadounidense, sin un mandato multilateral ni una amenaza inminente comprobada. La falta de transparencia sobre la identidad de las víctimas y el destino de la embarcación ha levantado aún más dudas sobre la legitimidad de la acción.
Exigencias al ejecutivo
Los senadores exigieron respuestas concretas antes del 17 de septiembre. Ellos buscan claridad sobre la base legal del ataque y las evaluaciones jurídicas previas, la autoridad presidencial para usar fuerza letal contra civiles fuera del territorio nacional y el cumplimiento de la Resolución de Poderes de Guerra de 1973.
Así, también, solicitaron la identidad de las 11 personas fallecidas y sus presuntos vínculos criminales, los criterios utilizados para identificar los objetivos y los análisis legales realizados. Asimismo, preguntaron por la verdadera ruta de la embarcación, la existencia de una amenaza inminente y por qué no intentaron una interdicción no letal.
En la carta, los senadores sostienen que el ataque establece un precedente peligroso, sin base legal ni supervisión legislativa, que expone a Estados Unidos a una responsabilidad internacional y a riesgos de seguridad interna. Finalmente, reafirman que el Congreso no puede ser excluido de decisiones que implican el uso de fuerza militar y exigen transparencia, documentación oficial y respeto al marco constitucional.
Este episodio ha reabierto el debate sobre los límites del poder presidencial en temas de seguridad nacional y política exterior, en un contexto de alta tensión regional y polarización interna. La respuesta del Ejecutivo será crucial para determinar si el ataque fue una acción legítima o una grave violación del orden jurídico nacion
