Con el voto decisivo del vicepresidente JD Vance, el Senado de Estados Unidos rechazó una resolución que buscaba limitar la potestad del presidente Donald Trump para ordenar ataques militares adicionales en Venezuela sin la autorización previa del Congreso. El resultado legislativo sepulta definitivamente el intento de la oposición demócrata y un sector disidente republicano por frenar la expansión del conflicto en el Caribe, consolidando así el control del Ejecutivo sobre las operaciones bélicas en curso.
Tras el revés del pasado 8 de enero, cuando 5 senadores republicanos votaron a favor de una iniciativa para frenar los poderes de guerra de la administración, el propio Trump llamó personalmente a los legisladores para disciplinar las filas de su partido. En consecuencia, los senadores Josh Hawley y Todd Young retiraron su apoyo original tras recibir presiones directas de la Casa Blanca. De esta manera, el conteo final quedó en un empate técnico que obligó a JD Vance, en su calidad de presidente de la cámara alta, a emitir el voto de desempate para cerrar el marcador 51 a 50 a favor de la política belicista.
Asimismo, el sector oficialista argumentó que cualquier limitación legal pondría en riesgo la seguridad de las tropas ya desplegadas. Los defensores de la administración sostuvieron que esta resolución carecía de vigencia práctica, pues el país ya se encuentra en un estado de hostilidades activas que el presidente lidera como comandante en jefe. Por consiguiente, el rechazo de la medida otorga un «cheque en blanco» simbólico para continuar con la estrategia de presión militar directa.
Un escenario de conflicto sin frenos legislativos
Por otro lado, los analistas consideran que, incluso de haber obtenido la mayoría, la iniciativa no tenía oportunidades reales de convertirse en ley, al depender finalmente de la firma de Trump, quien ya había anunciado su veto. No obstante, medios estadounidenses subrayan que esta votación tan estrecha deja ver las dudas existentes entre los republicanos frente a este enfoque agresivo. La desunión inicial en el bloque conservador sugiere que el costo político de la intervención empieza a generar fricciones internas.
Además, el debate en el pleno del Senado sacó a la luz los detalles de la incursión masiva que inició esta crisis. La madrugada del 3 de enero, EE.UU. lanzó una agresión militar masiva en territorio venezolano que destruyó infraestructura estratégica en la capital y los estados Miranda, Aragua y La Guaira. En este sentido, el operativo derivó en el secuestro de la pareja presidencial, un hecho que la administración Trump defiende como una «operación de cumplimiento de la ley», a pesar de las críticas internacionales que la califican como un acto de guerra unilateral.
Finalmente, el estancamiento de esta herramienta legislativa deja a Venezuela en una situación de vulnerabilidad extrema frente a futuras acciones tácticas de Washington. En efecto, el fracaso de la resolución ratifica la impunidad del poder ejecutivo para agredir a estados soberanos bajo la premisa de la seguridad nacional, dejando al Congreso como un simple espectador de una campaña militar que ya transformó el mapa geopolítico del continente.
