En diferentes ciudades de Colombia, las comunidades están movilizándose en apoyo a las reformas sociales y a la consulta popular del gobierno de Gustavo Petro.
En Popayán, se han establecido mercados campesinos para visibilizar la economía popular y denunciar el bloqueo institucional de grupos empresariales y políticos. Mientras que, en Barrancabermeja, los trabajadores petroleros tomaron una refinería como parte de esta convocatoria nacional. Ambas acciones tienen como objetivo respaldar las iniciativas del Gobierno y la participación ciudadana.
En este sentido, Enrique Centeno Muñoz, líder social y de Derechos Humanos, aseguró que las organizaciones que integran el Proceso de Unidad Popular del Suroccidente convocaron el paro en señal de protesta por el bloqueo institucional de grupos empresariales y políticos que legislan para sus intereses.
“Estamos aquí, en las calles, en un ejercicio de economía popular y campesina, elevando nuestra identidad y reclamando mecanismos de participación como la consulta popular”, expresó Centeno Muñoz.
Por su parte, el vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Edgar Mojica, aseveró que las manifestaciones en todo el país son “una respuesta de la lucha de clases. La oligarquía y sus congresistas, en cabeza del Consejo Gremial Nacional, hundieron la reforma laboral y la consulta popular. Por eso estamos aquí, porque cuando las instituciones fallan, el pueblo actúa”.
Superar el bloqueo
Asimismo, Mojica afirmó que el objetivo principal de las protestas es superar el bloqueo legislativo que impide la aprobación de la reforma laboral y otras iniciativas sociales propuestas por la administración de Gustavo Petro. Además, busca respaldar la consulta popular como una vía democrática para sortear la oposición del Congreso.
Mientras que, la Corte Constitucional de Colombia, el pasado martes, declaró que no se pronunciará sobre el hundimiento de la consulta popular en el Senado, el pasado 14 de mayo, hecho que el mandatario nacional denunció como un “fraude”.
El tribunal, además, afirmó que no tiene funciones consultivas ni emite opiniones sobre trámites legislativos. “La Constitución Política, la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, sus normas orgánicas y reglamentarias, no le atribuyen a la Corte y por tanto, como tribunal constitucional, no ejerce funciones consultivas, no resuelve consultas ni emite opiniones de ninguna naturaleza”, manifestó la Corte a través de un comunicado.
