La Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, Países Bajos, rechazó el 11 de junio las medidas coercitivas anunciadas por el presidente de Estados Unidos Donald Trump contra funcionarios de ese tribunal internacional que investigan los crímenes cometidos en la intervención de Afganistán.
“La Corte Penal Internacional lamenta profundamente el anuncio de nuevas amenazas y acciones coercitivas, incluidas medidas financieras, contra la Corte y sus funcionarios, realizadas hoy por el Gobierno de los Estados Unidos” dijo la CPI en un comunicado.
La institución judicial añadió que “la CPI respalda firmemente a su personal y funcionarios y se mantiene firme en su compromiso de cumplir, de manera independiente e imparcial, el mandato que le confiere el Estatuto de Roma y los Estados que lo integran”.
Igualmente calificó la acción como “un intento inaceptable de interferir en el imperio de la ley”.
El presidente del órgano legislativo de la corte, O-Gon Kwon, también rechazó las sanciones y dijo en otro comunicado que “socavan el esfuerzo común para combatir la impunidad y garantizar la responsabilidad por las atrocidades masivas”.
Además, explicó que convocará para la próxima semana una reunión extraordinaria de la Mesa de la Asamblea con el objetivo de renovar “el compromiso inquebrantable con la corte” de los 123 Estados Parte.
Entretanto, el Gobierno de Venezuela rechazó este mismo 11 de junio la ilegal Orden Ejecutiva adoptada el mismo día por el gobierno de EE.UU. contra el personal de la Corte Penal Internacional, incluida su Fiscal y toda persona que provea asistencia para el buen funcionamiento de la instancia multilateral.
El documento refiere que la decisión del mandatario estadounidense demuestra “…una vez más de su absoluto irrespeto a los principios del Derecho Internacional, el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos”.
El pasado 5 de marzo la CPI aprobó la realización de pesquisas sobre los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado en Afganistán. La intervención militar se llevó a cabo en 2001 por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) encabezada por EE.UU.