Con la fecha para realizar las elecciones primarias cada vez más cerca, los representantes de la oposición venezolana se entregan al caos. Postulaciones y rumores, chismes y traiciones, típico guión de una nueva novela mexicana solo que los protagonistas son los mismos de siempre. Candidatos y candidatas afilando sus cuchillos pero sonriendo ante las cámaras.
Según un artículo publicado en la prensa nacional, los partidos opositores venezolanos siguen anunciando sus candidatos para las elecciones presidenciales pautadas para el 2024, esto en medio de un ambiente signado por la división, los cuestionamientos de “legitimidad”, precandidatos inhabilitados y suplicas de más sanciones contra el país.
Denuncias de exclusión, señalamientos de “alacranes”, acusaciones de traición, atribuciones de desequilibrio mental, forman parte de una campaña donde la tan publicitada “unidad” se perfila como una quimera.
La llamada “Plataforma Unitaria por Venezuela” (PUV) integrada por los antiguos miembros del denominado G4, la Alianza Democrática compuesta por los partidos opositores con presencia en la Asamblea Nacional y los autodenominados “independientes”, son las facciones que entre acusaciones e insultos buscan posicionar a sus candidatos.
Primarias excluyentes
En los llamados “esfuerzos por la unidad”, los integrantes de la PUV decidieron encausar un proceso de elecciones primarias para definir el “candidato único” de la oposición a través de la votación de los venezolanos.
Estas primarias pautadas para el 22 de octubre de este 2023, cuentan con una Comisión Nacional de Primarias que fue electa luego de negociaciones entre los partidos Primero Justicia (PJ), Voluntad Popular (VP), Un Nuevo Tiempo (UNT) y una facción de antiguos militantes de Acción Democrática liderados por Henry Ramos Allup, que se definen como los legítimos representantes de la tolda blanca.
La misma está integrada por 10 personas (5 principales y 5 suplentes), es presidida por Jesús María Casal, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y ex presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional, mientras que María Carolina Uzcátegui funge como vicepresidenta. A estos le acompañan Corina Yonis, presidenta de la Sociedad Venezolana de Filosofía; Ismael Pérez Vigil, expresidente de Conindustria y Carmen Martínez de Grijalba, integrante del Frente Amplio de Mujeres.
Esta idea gestada a finales de 2022 y que se ofertó como un “esfuerzo” para concretar la unidad de los diversos grupos de la oposición venezolana con el objeto de presentar un candidato único en las presidenciales de 2024, resultó en un instrumento más para profundizar la división opositora.
“Lamentamos la actitud excluyente, sectaria y derrotista con las que se pretenden efectuar ese proceso”, fue el mensaje del secretario general de Primero Venezuela, diputado José Brito, quien denunció que entre las medidas adoptadas por la comisión fue no llamarlos para integrar las juntas regionales de cara al proceso.
A la denuncia de Brito se sumó la del secretario general de Copei, Juan Carlos Alvarado, quien luego de anunciar que no participarían en estas primarias consideró que “la palabra unidad ha sido utilizada como un mecanismo de chantaje para poder alcanzar de alguna manera objetivos políticos de un sector minoritario de la oposición”.
A estos pronunciamientos le siguieron el de Bernabé Gutiérrez, secretario general de Acción Democrática, quien enfatizó que “frente a las primarias convocadas por el G4 es firme, no participamos ni nos prestamos para legitimar las acciones delictivas de un cuarteto que ha usado un ‘gobierno interino’ para desfalcar los activos de Venezuela en el extranjero”.
Estos tres partidos sumado a la tolda de El Cambio dirigido por Javier Bertucci, son en la actualidad los que poseen mayor representación opositora dentro del parlamento venezolano y los que desde 2018 han promovido el voto como herramienta, discurso que fue cuestionado por los integrantes de la PUV que, en su apuesta por el plan de un derrocamiento provocado por el “gobierno interino”, les tildaron de “alacranes” y hoy les excluyen del proceso bajo la misma premisa de “tarifados del Gobierno”.
Cabe destacar que en el caso de Primero Venezuela, nuestro partido, nos NEGARON el derecho a participar.
Nosotros acudimos a la @cnprimariave, sostuvimos reunión cordial y formal, pero nunca fuimos considerados para integrar las Juntas Regionales.
CC @usembassyve https://t.co/LU9uQRkw8a
— José Brito (@JoseBritoVe) February 23, 2023
Sí pero no
A este panorama de exclusión signado por el sectarismo del G4, se suman las denuncias en torno a la desconfianza que sobre el proceso han sembrado precandidatos que han señalado su decisión de participar en estas primarias.
Tal es el caso de Maria Corina Machado de Vente Venezuela, quien ha señalado su disposición de medirse en este proceso electoral, pero ha cuestionado la credibilidad de la comisión promovida por la dirigencia de la PUV a la que ha calificado de “cómplices del régimen”.
Esta precandidata ha rechazado algunas decisiones de la comisión y ha amenazado con retirarse de este proceso si no se cumplen sus demandas que son: garantizar el voto de los venezolanos en el exterior, descartar el apoyo del Consejo Nacional Electoral (CNE) y excluir a los partidos de los “alacranes”.
“Si hacen unas primarias chimbas donde la gente no va a participar, no tiene sentido apoyar ese proceso”, ha dicho, por lo que algunos analistas señalan que su retiro es inminente ante la imposibilidad de cumplir con todas las demandas que hace Machado, quien según encuestas promovidas por sectores opositores aparece entre las favoritas a obtener la candidatura.
Otro de los candidatos que se suma al proceso con condiciones, es el dirigente de la Causa R, Andrés Velásquez, quien, al igual que Machado, se opone a la realización de un proceso con el apoyo del CNE.
“Rechazamos desde ya que, en la elección primaria del candidato presidencial de los factores democráticos, que es un proceso interno, intervenga de manera alguna el CNE como brazo electoral del régimen”, expresó en una posición que parece condición sine qua non para los extremistas que se debaten entre el abstencionismo y el voto condicionado.
A la par de estas declaraciones, aparece la figura de Leopoldo López, mentor del precandidato Juan Guaidó, el cual, pese a expresar su apoyo al autoproclamado ya sin reconocimiento de los Estados Unidos, ha tildado a los promotores de este proceso como “colaboradores del régimen”, y ha sido insistente en su tesis de que la “salida de la dictadura” se logrará solo por la fuerza”, tal y como lo reflejó en su última aparición ante el congreso de los Estados Unidos donde pidió más sanciones a la Casa Blanca contra Venezuela.
“No hay manera de ganar la lucha por la democracia y la libertad si Estados Unidos no la lidera”, ha dicho en claro desdeño de las acciones electorales que promueven desde Venezuela sus antiguos compañeros de la oposición que como Capriles le piden definir “si es molusco o es marisco”, en clara alusión a que defina si está con el proceso o no.
Incumpliendo la ley
Otra de las aristas que desdibujan este proceso son las precandidaturas de inhabilitados para ejercer cargos en la administración pública, tras ser señalados por corrupción durante el ejercicio de sus funciones.
Henrique Capriles Radonski de PJ y Juan Guaidó de VP son dos de los precandidatos que comparten esta prohibición expresa de la Contraloría General de la República, lo cual resulta una paradoja si se busca la elección del candidato que pueda inscribir su candidatura ante el CNE para participar en un proceso de elección para el cargo de presidente de la República, que forma parte de la administración pública.
El primero fue inhabilitado en 2017 por un lapso de 15 años por incurrir en ilícitos tipificados como no presentar el presupuesto local ante el Consejo Legislativo del estado, pactar convenios internacionales sin autorización para ello y firmar contratos por la Gobernación de Miranda con empresas sin cumplir las normas.
El segundo, además de haberse autoproclamado como “presidente interino” y usurpar funciones administrativas sobre activos de la República en el exterior, se le inhabilitó por un lapso de 15 años, debido a su negativa para formular la Declaración Jurada de Patrimonio, acción que es de obligatorio cumplimiento para todos los funcionarios públicos.
Todo este panorama pone de relieve que este proceso, más que promover la unidad dentro de los diversos grupos opositores, se ha convertido en un punto más de las divergencias que signan a este sector de la política venezolana, que entre acusaciones de “alacranes”, “cómplices del régimen” y “sectarios”, siguen ahondando más en la división y fortalecen la tesis de que las primarias pasarán a la historia como un fracaso más de la derecha venezolana en su intento por consolidar una propuesta de cara al país.
