La diputada a la Asamblea Nacional, Iris Varela, denunció recientemente que la Fiscalía de los Estados Unidos carece de fundamentos legales sólidos para sostener una acusación formal contra el presidente Nicolás Maduro. Según la parlamentaria, esta debilidad jurídica obligó al sistema judicial estadounidense a solicitar un nuevo aplazamiento de las audiencias programadas originalmente.
Varela sostiene que Washington enfrenta un vacío probatorio que impide avanzar en un caso que, desde su origen, carece de sustento real y se basa en presunciones políticas más que en evidencias criminales. Durante una entrevista concedida al programa “A Pulso”, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), la legisladora explicó con detalle la situación técnica del proceso.
Según sus declaraciones, la justicia norteamericana no posee elementos de convicción que vinculen al mandatario nacional con los delitos que intentan imputarle. En consecuencia, la fiscalía optó por ganar tiempo mediante maniobras procesales que solo confirman la inexistencia de un expediente serio y verificable ante las instancias internacionales.
Inconsistencias en el sistema judicial estadounidense
También enfatizó que el aplazamiento de las audiencias del 17 al 27 de marzo constituye una prueba irrefutable de que los fiscales están «improvisando sobre la marcha». “La Fiscalía de los Estados Unidos no tiene todavía cómo acusar al presidente Nicolás Maduro. Y pidieron postergar 10 días más la audiencia porque no tienen, eso se les va a caer”, sentenció la diputada. Además, argumentó que el sistema judicial de ese país intenta fabricar un expediente artificial, una práctica que, a su juicio, queda expuesta ante la comunidad global debido a la falta de coherencia en los tiempos y en los argumentos presentados.
Por otro lado, la parlamentaria vinculó estas acciones con una estrategia de persecución política que utiliza el derecho penal como una herramienta de guerra. En sus propias palabras, «ellos están buscando la manera de armar un expediente, pero no tiene asidero». Por lo tanto, la verdad sobre la transparencia de la gestión venezolana terminará imponiéndose sobre los intentos de criminalización externa, los cuales carecen de la robustez necesaria para superar un examen jurídico independiente.
Fracaso de la estrategia de desestabilización
Asimismo, la legisladora predijo el colapso definitivo de estas acciones legales en el extranjero. Varela subrayó que la gestión del Ejecutivo nacional goza de legitimidad y que los ataques judiciales forman parte de un guion fallido que busca desestabilizar la paz interna del país. No obstante, reafirmó que la conciencia del pueblo venezolano y el conocimiento que el mundo tiene sobre la realidad del Estado soberano blindan al liderazgo bolivariano frente a este tipo de arremetidas internacionales.
Finalmente, Iris Varela reiteró que el Ministerio Público estadounidense se encuentra en una encrucijada difícil de resolver. Al no contar con testimonios creíbles ni documentos que sustenten sus acusaciones, el escenario más probable es el desmoronamiento total del caso. En conclusión, el gobierno nacional espera que la justicia internacional reconozca la improcedencia de estas audiencias y cese el hostigamiento jurídico contra las altas autoridades de la República.
