El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rápidamente denunció las recientes declaraciones del senador estadounidense Marco Rubio, calificando sus comentarios sobre la condena del expresidente Álvaro Uribe como una «intromisión a la soberanía nacional».
De hecho, la reacción del mandatario colombiano fue inmediata y contundente, pues rechazó enérgicamente cualquier intento de injerencia externa en los asuntos judiciales del país. Esta confrontación subraya la firme postura de Colombia en la defensa de su independencia judicial frente a la crítica internacional, especialmente cuando proviene de figuras políticas de alto perfil como Rubio.
Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., había expresado su fuerte desaprobación al fallo contra Uribe a través de su cuenta de X. Él afirmó: «El único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar y defender incansablemente a su patria. La instrumentalización del Poder Judicial de Colombia por parte de jueces radicales ha sentado ahora un precedente preocupante».
Claramente, Rubio cuestionó la legitimidad del sistema judicial colombiano, aludiendo a una supuesta manipulación por parte de «jueces radicales». Sus comentarios no solo defendieron a Uribe, sino que también sembraron dudas sobre la imparcialidad de la justicia en Colombia.
Intromisión
El presidente Petro no se contuvo en su respuesta. Él publicó en su cuenta de X: «Una intromisión en asuntos judiciales de otro país, es una intromisión a la soberanía nacional. El mundo debe respetar los jueces de Colombia, muchos y muchas han caído asesinado[a]s, por ayudar al mundo». Así, Petro enfatizó la importancia del respeto a la independencia judicial de Colombia y recordó el sacrificio de numerosos jueces que han perdido la vida en el cumplimiento de su deber. Por consiguiente, el presidente colombiano puso de manifiesto el peligro de tales intromisiones, las cuales socavan la autonomía de una nación y deshonran el trabajo de sus servidores públicos.
Además, el mandatario colombiano respaldó la declaración de la canciller, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, quien previamente había manifestado el rechazo de Bogotá a las declaraciones de Rubio. Villavicencio Mapy denunció que «su intromisión en asuntos judiciales colombianos» vulnera la soberanía nacional «y desconoce la independencia de la Justicia». En otras palabras, la cancillería colombiana se unió al coro de voces que condenan la postura de Rubio, reafirmando que Colombia no tolerará que potencias extranjeras dicten o cuestionen las decisiones de su poder judicial.
Fallo judicial
El fallo de la jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, halló culpable al expresidente Álvaro Uribe del delito de soborno en actuación penal y fraude procesal. Esta condena surge de una investigación exhaustiva sobre manipulación de testigos. La jueza determinó que Uribe, a través de emisarios, ofreció beneficios a personas privadas de la libertad para obtener declaraciones que lo favorecieran en otros procesos judiciales en su contra.
De la misma forma, la investigación reveló que Uribe manipuló testigos para que vincularan al senador Iván Cepeda con hechos ilegales. Indudablemente, la decisión judicial representa un hito significativo en la lucha contra la corrupción y la manipulación en el sistema de justicia colombiano. El presidente Petro defiende la independencia de este proceso, destacando su legitimidad frente a críticas externas.
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