Para la derecha española todo se vale para ganar las elecciones en Madrid. Esta conclusión devastadora está en la superficie luego que el partido extremista VOX desplegara en la capital un polémico cartel en el que asegura que los niños migrantes reciben más inversión social que los jubilados.
Los demás partidos despachan el cartel como una directa y peligrosa incitación al odio. Incluso, la maniobra es tan polémica que la presidenta de la comunidad y candidata del PP Isabel Díaz-Ayuso se desmarcó de sus colegas de la derecha, calificando la pieza de propaganda como fuera de lugar y con información inexacta.
El cartel de la discordia presenta a una jubilada y a un menor migrante con los ojos pixelados, rematando la comparación diciendo que, un adolescente extranjero que llega ilegalmente al país recibe 4.700 euros al mes, en contraste con la pensión de 426 euros que cobran los jubilados.
Para los partidos de la izquierda, el cálculo de VOX es un mensaje deliberadamente tendencioso basado en un cálculo errado.
Debate en el parlamento
El tema llegó hasta el congreso en donde la Ministra de la Presidencia, Carmen Calvo le respondió a la extrema derecha. Desde su asiento en el parlamento la funcionaria le espetó a VOX que: “Lo suyo es el odio. Literalmente el odio. Lo que han hecho ustedes con esos carteles, señalando a unos niños y niñas; a unos menores que vienen a nuestro país en algunos casos que bien conozco, en situaciones terribles, sin familia, habiendo sido objeto de delitos gravísimos en los tránsitos que hacen. Se llama inhumanidad”.
Mientras tanto VOX, si bien no se arrepiente de la directa incitación al odio, sí defiende los números que despliega en su polémica valla. La abanderada de la extrema derecha, Rocío Monasterio explicó que la cifra “se basa en 12 meses de acuerdos de gobierno en la Comunidad Autónoma de Madrid con los centros de refugio para menores no acompañados”.
Además del espectro político español no extremista se preocupó por este mensaje peligroso en su propaganda, unas 200 organizaciones defensoras de los derechos de los menores y la UNICEF se han combinado para rechazar esta pieza y solicitaron a la junta electoral para que determine si se está ante un delito en materia de propaganda electoral.
