Como un gran paso de avance hacia la Revolución Judicial necesaria en Venezuela calificó el diputado Diosdado Cabello la aprobación por unanimidad de la Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de justicia (TSJ), «luego de una amplia consulta y consenso con todos los sectores».
De esta forma lo manifestó el parlamentario del Bloque de la Patria luego de la sesión ordinaria del Poder Legislativo; en la cual abordaron la revisión de la propuesta que elevó el propio presidente del TSJ, magistrado Maikel Moreno.
Cabello acotó que «la Reforma de la Ley del TSJ permite organizar nuestro sistema de justicia de manera más eficiente y transparente«.
Por otra parte puntualizó que de con este procedimiento se generan garantías al pueblo; en cuanto al respeto absoluto del derecho a una justicia igual para todos y todas; sin privilegios para nadie. «La Revolución Judicial sigue avanzando. Nosotros Venceremos», expresó.
De hecho, el diputado Diosdado Cabello Rondón fue el encargado de presentar el informe técnico de las consultas públicas que realizaron en torno a la reforma del instrumento legal en cuestión.
Participación e inclusión
Al tomar la palabra en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, Cabello explicó que para avanzar en la reforma se instalaron mesas de trabajo con la participación del Poder Judicial, el Poder Ciudadano, así como el Poder Popular, el Parlamento Comunal, escuelas de derecho y la Defensa Pública.
Luego, las propuesta que que recibieron formaron parte de las discusiones en el seno de la Comisión de Política Interior del Parlamento, a partir de los cual surgió el articulado que discutió el cuerpo legislativo este martes 18 de enero.
«Algunos pudiera pensar que faltan muchas más cosas, que es insuficiente. Nosotros creemos que se adapta, no sólo al tiempo que vivimos sino a las necesidades y retos que tenemos por delante», añadió Cabello.
Igualmente destacó que entre los planteamientos principales para la reforma del TSJ en Venezuela está la agilización del sistema judicial para garantizar a los ciudadanos el derecho a su legítima defensa; mediante la presunción de inocencia, la preservación del derecho a la defensa y el respeto a los derechos humanos.
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