La justicia colombiana volvió a sacudir los cimientos del poder político al reafirmar los profundos vínculos entre el paramilitarismo y las élites del país. Este martes, el Tribunal Superior de Antioquia revocó la absolución inicial y dictó una condena severa contra Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, por su participación directa en el grupo paramilitar «Los 12 Apóstoles». Esta decisión histórica no solo revierte un fallo anterior, sino que marca un hito en la lucha contra la impunidad en el país y devuelve la esperanza a las víctimas.
En consecuencia, el Tribunal sentenció a Uribe Vélez a 340 meses de prisión, una pena que equivale a 28 años de cárcel efectiva. La corte también impuso una pesada multa económica que supera los 10.500 millones de pesos colombianos, cifra que asciende a unos 2,7 millones de dólares. El fallo declaró responsable al convicto por crímenes extremadamente graves que incluyen homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y delitos de lesa humanidad, subrayando la naturaleza sistemática de sus acciones.
La reciente decisión del Tribunal anula la sentencia emitida el 13 de noviembre de 2024 por el Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, quien previamente había absuelto a Uribe Vélez de todos los cargos. Además, esta nueva resolución pone fin a un largo y complicado proceso judicial que se extendió por casi tres décadas, tiempo durante el cual diversas figuras clave del caso, incluyendo testigos, sufrieron amenazas, muertes o se vieron obligados a huir del país. Este proceso judicial, marcado por la controversia, evidencia la complejidad que asume el sistema judicial al investigar figuras poderosas.
La Hacienda La Carolina, centro de operaciones criminales
El grupo paramilitar «Los 12 Apóstoles» aterrorizó la región de Yarumal, Antioquia, durante la década de 1990. Específicamente, el grupo promovió una brutal «limpieza social» que terminó en asesinatos selectivos de poblaciones marginadas. Sus objetivos principales fueron habitantes de calle, consumidores de drogas, ladrones y cualquier persona señalada de colaborar con grupos guerrilleros. Las investigaciones demostraron que la hacienda La Carolina, propiedad de Santiago Uribe, sirvió como centro de operaciones, coordinando las acciones criminales y facilitando el entrenamiento de los miembros del grupo armado ilegal.
Mientras tanto, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, hermano del condenado, reaccionó públicamente a través de su cuenta de la red social X. «Siento profundo dolor por la condena contra mi hermano. Dios nos ayude», escribió. Cabe recordar que el propio exmandatario también enfrentó múltiples señalamientos por su supuesta implicación en redes paramilitares y narcotráfico, aunque, mediante diversos recursos legales, la justicia colombiana permitió sortear varias sanciones. Estos señalamientos recurrentes contra la familia Uribe evidencian el arraigo del paramilitarismo en la élite política.
Por lo tanto, la condena contra Santiago Uribe Vélez envía un poderoso mensaje de compromiso contra la impunidad. En definitiva, el sistema judicial colombiano reafirma la voluntad inquebrantable de perseguir los crímenes de lesa humanidad, incluso cuando estos involucran a figuras de la élite política y económica del país. Los ciudadanos celebran este fallo y esperan que la justicia continúe prevaleciendo contra los tentáculos del paramilitarismo y garantice la reparación integral a las víctimas.
